Ciudad de México. En México las causas del desplazamiento forzado interno “son diversas y multifactoriales”, pero entre ellas están distintos tipos de violencia, “a menudo originada por el crimen organizado, a veces relacionadas con los proyectos de desarrollo, la minería y tala ilegal, o por conflictos electorales, religiosos y agrarios”, sostuvo la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jimenez-Damary. Al concluir su visita oficial al país, aseveró que el 40 por ciento de los episodios de desplazamiento registrados en 2020 afectaron a pueblos indígenas.

En conferencia de prensa, la relatora, la primera en esta materia que realiza una visita oficial a México, señaló que si bien no hay cifras oficiales sobre cuántos desplazados internos hay en el país, datos proporcionados por organizaciones civiles y académicos estiman que van de los 350 mil a los 400 mil, y se concentran en “estados que son emergentes, que tienen mayores grados y niveles de pobreza”.

“La mayoría de los desplazados víctimas con quienes platiqué me han informado que o están siendo directamente atacados o amenazados por el crimen organizado, por lo tanto tienen que irse de sus casas, ya que las queman”, dijo.

Asimismo, agregó, “hay una gran cantidad de crímenes, delitos, homicidios, violencia basada también en género que se desarrolla. Así que si uno es desplazado y viene de cierta área, región donde el crimen organizado es muy prevalente… el primer instinto cuando eres el objetivo del crimen organizado, es huir, así de fácil”.

Enfatizó que otras de las causas del desplazamiento interno son “el cambio climático y los desastres, agravadas por la discriminación que tiene un impacto diferenciado para las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad”.

En este sentido, al hablar sobre el contexto general que vive el país, Jimenez-Damary expuso que durante su visita -del 29 de agosto al 9 de septiembre- “varias personas enfatizaron sobre el elevado índice de violencia que enfrenta la población y que pocas veces se efectúan investigaciones, incluso sobre los crímenes más graves como homicidios y desapariciones. Lo anterior, se traduce en altos niveles de impunidad y una falta de confianza las autoridades en general, pero particularmente en el sistema de justicia criminal”.

“El crimen organizado atemoriza, controla territorios y poblaciones, a través de amenazas, intimidación y violencia”, mencionó.

Sobre la forma en la que se desplazan las víctimas, dijo que “huyen principalmente en familia”. De acuerdo con la sociedad civil,” la presencia de niños, niñas y adolescentes se mencionó en la mayoría de los episodios de desplazamiento registrados en 2020. Recibí información de que algunos de ellos y ellas son víctimas directas del reclutamiento forzado por parte de grupos armados. Ser niño o niña y desplazada interna supone una doble vulnerabilidad; el rompimiento de las estructuras familiares y comunitarias les ponen en un mayor riesgo de sufrir diversas formas de explotación, abuso y abandono”, agregó.

Respecto a los pueblos y comunidades indígenas, la experta subrayó que a pesar de que representan el 10 por ciento del total de habitantes en México, más del 40 por ciento de los episodios de desplazamiento registrados por la sociedad civil en 2020 afectaron a esta población. “Sufren impactos diferenciados en sus derechos por su especial situación de vulnerabilidad, la falta de acceso a los mecanismos de protección con pertinencia cultural y el racismo. Me preocupa particularmente la ausencia de perspectiva intercultural y de género en la atención a mujeres indígenas desplazadas”.

Jimenez-Damary, quien también estuvo en Chihuahua, Chiapas y Guerrero, agradeció la apertura del Estado mexicano al escrutinio internacional y la “excelente cooperación” de las secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación. Indicó que si bien en 2019 el gobierno reconoció la existencia del desplazamiento interno en el país, se requiere “una atención integral, “incluyendo la adopción de medidas de prevención, atención y protección”, con enfoque de derechos humanos, “diferenciado e interseccional”, así como alcanzar condiciones para soluciones duraderas.

Instó al Senado avanzar en los trabajos para contar con una ley general en materia de desplazamiento forzado -la cual ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.