Luego que la Cámara de Diputados avaló la iniciativa que otorga el control operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), diversas organizaciones ya analizan la posibilidad promover amparos o llamar a la presentación de recursos de inconstitucionalidad ante una eventual ratificación en el Senado de dicha minuta.
Además, convocaron a una marcha para hoy a las 20 horas, desde el Ángel de la Independencia hacia el Senado, para manifestarse contra la “militarización” de la seguridad pública.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, adelantó que “vamos a acompañar las acciones legales que sean precisas, tanto a nivel nacional como si es necesario a nivel internacional. Ya varios organismos globales se han pronunciado respecto a que México debe dejar la vía militarizada de la seguridad pública y recurriremos también a esas instancias si es necesario”.
Advirtió que, como fue aprobada la iniciativa por los diputados federales, los integrantes de las fuerzas armadas que se integraron a la Guardia Nacional mantendrán el fuero militar, lo que consideró un “riesgo” para toda la población, ya que obstaculizaría la rendición de cuentas.
También alertó que la Sedena no cuenta con una formación en materia de seguridad pública y se abre la posibilidad de que dicha tarea se mantenga en manos de militares de manera indeterminada.
Por separado, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), coincidió que mantener el fuero militar representa un riesgo, “por que cuando los actos (de violaciones a derechos humanos) son realizados por militares, éstos quedan clasificados como confidenciales y entonces es muy complejo que se pueda acceder a la información”.
Delgadillo anunció, de igual forma, que de aprobarse en el Senado realizarán acciones jurídicas ante organismos internacionales y recordó que la FJEDD ha documentado los peligros de la “militarización”, los cuales, aseguró, afectan a las poblaciones más vulnerables, en especial a mujeres e integrantes de la diversidad sexual.
En tanto, César Contreras, abogado colaborador del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que el caso Tlatlaya es muestra de que la Sedena ha demostrado que, frente a casos de violaciones a derechos humanos, es difícil procesar a los responsables cuando son elementos castrenses.
