Ciudad de México. El entonces coronel José Rodríguez Pérez fue quien presuntamente ordenó la ejecución y desaparición de los últimos seis normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, en los hechos de la noche de Iguala. Un año después, en noviembre, este jefe militar fue ascendido por el gobierno de Enrique Peña Nieto a general brigadier.

El presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), Alejandro Encinas Rodríguez, dio nuevos detalles sobre el informe elaborado por esa instancia –creada por decreto presidencial en 2019–, donde reveló el nombre de uno de los señalados como responsables en esos hechos y que en principio el reporte ubicaba como El Coronel, quien también habría estado en contacto con miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

Asimismo, enfatizó Encinas, la llamada verdad histórica se urdió en los más altos niveles del gobierno de Peña Nieto “e involucra a todas aquellas personas que participaron en las reuniones de la Presidencia de la República (Los Pinos) en la discusión de estos temas”. Subrayó que entre los personajes que estuvieron en esos cónclaves, las autoridades ministeriales –Fiscalía General de la República (FGR) y jueces– deberán ubicar a los responsables en el diseño, operación e implementación de las acciones que derivaron en la mencionada versión, que ha sido derribada por diversas fuentes e informes.

El también subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG) estuvo ayer en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador para ahondar en el contenido del informe de la comisión que encabeza y sus diferencias con la verdad histórica –versión oficial en el sexenio pasado, en la que el ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam, ahora detenido y sujeto a proceso, jugó un papel preponderante–, esto para responder a las voces que siguen defendiendo esa conclusión y alegan que ambas apuntan a lo mismo.

“Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos –suscitados la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014– y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes de El Coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez.”

Es la primera vez que la administración federal identifica explícitamente a un mando militar con la ejecución de seis de los 43 normalistas desaparecidos.

Dentro de la estructura del Ejército el grado de coronel es el más alto entre las jefaturas de la milicia, y el ascenso a general brigadier implica ampliar la capacidad mando, con más elementos bajo su cargo, y escalar a la primera de las tres máximas posiciones dentro de la corporación, sólo por debajo de general de división y general de brigada.

Rodríguez Pérez era entonces comandante del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero, y respondía a las órdenes del general Alejandro Saavedra Hernández, quien en 2014 era comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, y quien –de acuerdo con la Covaj– tuvo conocimiento de lo ocurrido entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre y días subsecuentes de aquel año.

Ambos están entre los 20 efectivos militares para los que la FGR solicitó hace unos días órdenes de aprehensión por su probable participación en estos crímenes. El nombre de El Coronel y de otros presuntos involucrados se difundieron después que el caso se ha judicializado, indicaron fuentes cercanas al proceso.

En el informe de la Covaj se asienta que “el 30 de septiembre El Coronel comenta que ellos se encargarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los seis estudiantes que habían quedado vivos” en una bodega.

Ayer, Encinas refirió que “mandaron cocinar a 10 de los estudiantes e incluso hay la información, corroborada también con llamadas al teléfono de emergencia 089, donde se acredita que presuntamente seis de los estudiantes de los 43 desaparecidos estuvieron retenidos durante varios días y con vida en lo que llaman ‘la bodega vieja’ y de ahí fueron entregados a El Coronel, como ven en los testimonios, quien se hizo cargo de estos muchachos”.

El subsecretario presentó un diagrama –elaborado a partir del análisis de decenas de mensajes de telefonía que intercambiaron los involucrados en la desaparición y ejecución de los jóvenes– que revela que El Coronel se coordinó y dio órdenes a David Cruz H., El Chino, identificado como bombero, jefe de comunicaciones y sicario de Guerreros Unidos.

“Abarca es El A1”

Otra de las identidades que ayer develó el funcionario es El A1, quien presuntamente sería el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, a quien se ubica como la persona que dio la orden de desaparecer a los normalistas.

–¿Quiénes dieron la orden? –se le interrogó.

–Participa A1, presuntamente José Luis Abarca; los dirigentes de Guerreros Unidos, y en colusión algunas otras autoridades, que es lo que forma parte de la investigación –apuntó Encinas.

El informe asienta: “A1 dio la orden de recuperar la mercancía: ‘me chingan a todos a discreción’. A1 ordenó la desaparición de todos los estudiantes porque no saben ‘quién es quién’ y se está calentando la plaza demasiado, ‘mátalos a todos, Iguala es mío’”.

El diagrama de los mensajes de telefonía muestra que el ex alcalde –detenido aunque no por el caso Ayotzinapa–, se coordinaba con el capitán José Martínez Crespo, también del 27 Batallón de Infatería, quien a su vez tenía comunicación con El Chino.

Justo un mes antes de que se cumpla el octavo aniversario de los hechos, Encinas Rodríguez también delineó las diferencias entre el informe de la Covaj y la verdad histórica. Una de las diferencias “sustanciales y de fondo” es que la versión del sexenio anterior “se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a los detenidos, en la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen. Y nosotros no torturamos absolutamente a nadie”. Exhortó a los críticos y al resto de la ciudadanía a leer completo el reporte y sus anexos.

Acentuó que la desaparición de los 43 normalistas debió evitarse, “sin duda las omisiones de la autoridad –de los tres niveles de gobierno– permitieron que ésta se concretara”.

Reiteró que los crímenes suscitados durante la noche de Iguala y las acciones subsecuentes fue un crimen de Estado, toda vez que hubo negativa, ocultamiento y manipulación por parte de las autoridades municipales, estatales y federales, incluido el Ejército.

Otra diferencia es que la verdad histórica concluye que la responsabilidad se queda únicamente al nivel municipal, pues la policía de Iguala –con el apoyo de uniformados de otros municipios– entregó a Guerreros Unidos a los 43 normalistas, y éstos fueron ultimados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos depositados en bolsas de plástico y vertidos en el río San Juan.

A lo que el subsecretario subrayó: “En ningún momento los estudiantes estuvieron juntos, hubo un operativo especial que los dispersó en distintas regiones del perímetro de Iguala y sí, hubo actos de agresión donde el grupo de Guerreros Unidos, en coordinación y complicidad con fuerzas de seguridad y autoridades de orden municipal, estatal y federal, ultimaron y desaparecieron a los estudiantes”.