La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado “urgente” a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a los poderes legislativo y judicial, a trabajar en conjunto para eliminar la corrupción sistemática “que prioriza el otorgamiento de concesiones desmedidas a empresas y entes privados que explotan y contaminan los recursos hídricos del país con el único fin de obtener beneficios económicos”. Lo anterior, frente a la creciente crisis en desabasto y distribución del agua que se vive en diversas regiones de México, principalmente en las zonas centro y norte.

En un pronunciamiento, resaltó que actualmente, el 61.4 por ciento de los recursos hídricos del país concesionados se encuentran acaparados por las industrias cerveceras, acereras, agropecuarias, mineras, papeleras, automotrices y embotelladoras, entre otras, según datos del Registro Público de Derechos del Agua (REPDA) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Ello “confirma la prioridad que se ha dado desde los diversos poderes del Estado a las grandes empresas, nacionales y extranjeras, para hacer uso de estos recursos sin considerar las afectaciones que han desatado en las diversas poblaciones del país, quienes no solo enfrentan la escasez del agua para uso cotidiano, sino la contaminación de ríos, lagos y lagunas que ponen en riesgo la salud pública y el pleno desarrollo y goce de diversos derechos humanos”, aseveró.

Insistió que los problemas de sequía y desabasto que enfrentan algunos estados, principalmente para consumo doméstico, “tomando en cuenta que hoy, sólo el 69 por ciento de los hogares en México reciben agua potable diariamente”, no se deben sólo a factores naturales, “sino a la sobreexplotación de acuíferos que se ha permitido bajo el cobijo de las leyes actuales, las cuales priman la privatización de los recursos hídricos nacionales, favoreciendo a las grandes industrias y dejando en el desamparo y la precariedad a un importante porcentaje de hogares mexicanos, sobre todo a las familias más pobres o vulnerables”.

La CNDH enfatizó que resulta prioritario que el Estado mexicano deje de ver en el agua “un producto mercantil más que puede ponerse a disposición de grandes capitales nacionales o internacionales con meros fines de lucro -como se hizo durante el llamado periodo neoliberal-, ya que dicha forma de concebir a los recursos hídricos prioriza su uso dentro del mercado y dificulta su correcta distribución de forma equitativa y suficiente”, pese a tratarse de un recurso protegido por la Constitución en su artículo cuarto, el cual establece que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

Consideró que se debe hacer un alto a la sobreexplotación de los recursos hídricos, permitida mediante concesiones otorgadas con fines de explotación industrial, principalmente en aquellos estados del país que históricamente enfrentan problemas de sequía y desabasto que ponen en riesgo la salud y el desarrollo de la población”. Sobre todo llamó a que se activen los mecanismos necesarios para recuperar las fuentes hídricas que han sido contaminadas por las diversas industrias que hacen uso de ellas para sus actividades de producción, en los cuales deben estar involucradas autoridades, empresas y la sociedad en su conjunto.

Refirió que el 25 de enero pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión expedir la reglamentación del artículo cuarto de la Constitución, con el propósito de garantizar el derecho humano al agua, “de lo que ha sido omiso durante nueve años”. La sentencia implica que, antes de que termine el próximo periodo ordinario de sesiones, que tendrá lugar entre el primero de septiembre y el 15 de diciembre, el Congreso deberá expedir la nueva regulación.

Indicó que la CNDH se mantendrá atenta del proceso, además de que participará, “será una activa promotora del abandono de criterios neoliberales prevalecientes, contradictorios de los derechos humanos, por lo que desde ahora nos pronunciamos por una legislación que aborde el derecho humano al agua con enfoque de progresividad, en apego al espíritu de nuestra Constitución y plena garantía del cumplimiento de los estándares y compromisos internacionales del Estado mexicano”.