Organismos ciudadanos, defensores de derechos humanos y feministas expresaron su indignación por la “desacreditación, criminalización y revictimización” que la Fiscalía General de Jalisco hizo de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, madre cuidadora quemada viva en Zapopan.

Las agrupaciones exigieron justicia y aseguraron que la versión de la fiscalía, según la cual Luz Raquel se inmoló después de comprar un encendedor y alcohol, hace evidente que las investigaciones aún carecen de perspectiva de género.

La coordinadora de las asociaciones Familias y Retos Extraordinarios y Yo Cuido México capítulo Jalisco, Mily Cruz, negó que Luz tuviera un perfil suicida, pues era “muy alegre y de todo bromeaba”.

El martes, en rueda de prensa, el fiscal jalisciense, Luis Joaquín Méndez, tras la presentación de los “avances en la investigación”, que mostró de manera inusual y sin exponer fundamentos, afirmó que tiene “datos de prueba” que apuntan a que la víctima se inmoló y no a que fue agredida, como originalmente reportaron policías de Zapopan, a los que también desmintió.

“Nos tenía riendo todo el día. Claro que no era depresiva; nos contaba sus problemas y preocupaciones, que eran como las de todos nosotros, que tenemos que cuidar a nuestros hijos”, dijo Cruz, quien agregó que Padilla Gutiérrez tenía cuatro años como activista en ambas asociaciones por la condición de autismo de su hijo.

–¿Cree que se suicidó?

–¡Claro que no! Eso no está en la mente de ninguna. Luchamos por salir adelante y nos topamos con la indiferencia de la gente que quiere pasar por encima de nosotros, porque vivimos la discapacidad igual que nuestros hijos. Nosotros nos damos acompañamiento.

Narró que Raquel era “quien nos daba una chispa de alegría en el grupo” y espera que su muerte sirva para visibilizar el trabajo permanente que realizan las cuidadoras y el poco o nulo apoyo institucional que reciben.

El ayuntamiento de Guadalajara entrega 2 mil pesos mensuales, aunque el recurso no llega ni al 10 por ciento de las 150 familias integradas a Yo Cuido México de diversas partes del estado.

“Ella nos daba acompañamiento a muchas madres cuidadoras. Tenemos un grupo de padres que cuando se sentían desesperados ella era la primera en responder con algunos consejos. Y cuando se estaba haciendo algo nuevo para beneficio de nosotros, lo celebraba”, recordó.

Ayer el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cladem) Jalisco y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), entre otras organizaciones, rechazaron la versión oficial.

“Denunciamos que la línea de tiempo de la investigación presentada por FGE está enfocada en desacreditar, criminalizar y revictimizar a Luz Raquel Padilla y a su familia al exponer y difundir videos de los que no se tiene conocimiento de ser fidedignos y no alterados, violando así el debido proceso de la víctima y afectando gravemente la imparcialidad de la investigación”, indicaron en un comunicado conjunto.

“Exigimos que se investigue y sancione la filtración de los videos de Luz Raquel expuestos en la rueda de prensa, que promueven el interés centrado en el morbo, la revictimización y la brutalidad del crimen”, expresaron.

El OCNF demandó que el caso de la también activista sea investigado como feminicidio y añadió: “Es necesario que se realice una investigación exhaustiva, plena, oficiosa, con perspectiva de género y objetiva”.

Asimismo, pidieron que se indague y sancione a los funcionarios públicos omisos o negligentes, parte de “estructuras sistemáticas e institucionales que solapan y normalizan la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes”.

La asociación Yaocalli señaló que no es la primera vez que la fiscalía trata de responsabilizar a una víctima de su propio feminicidio. “Las denuncias no son investigadas y los agresores no son sancionados, al contrario, son protegidos, más si se trata de funcionarios”, afirmó.

La abogada Isabel Suárez, de Idheas, cuestionó que la FGE ponga en duda la primera versión de los policías municipales que auxiliaron a Padilla, quienes aseguraron que un grupo de hombres y una mujer habían agredido a la víctima.

Mujeres de la Sal mencionó la “ineptitud de las fiscalías en México. En abril, la de Nuevo León dijo que el caso de Debanhi (Escobar) fue accidente y ahora la de Jalisco declara que Luz Raquel se prendió fuego”. Ambas entidades son gobernadas por funcionarios emanados de Movimiento Ciudadano.

Esto “no sólo es una burla, ofensa y violación de derechos de las víctimas, sino que literalmente les pagan por calentar sillas” y “dejar libres a feminicidas”.