Al referirse a la violencia que sufren los periodistas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, señaló ayer que es momento de dejar atrás el celo institucional y las discusiones de a quién le toca qué y cuál es la competencia de cada uno, para poder entender que se requiere de una respuesta del Estado mexicano en su conjunto.

Durante la firma de un convenio de colaboración con el gobierno de Sinaloa en materia de resguardo a comunicadores y defensores de derechos humanos, destacó que se necesita cambiar la orientación del mecanismo de protección a periodistas y activistas, para que deje de ser un órgano reactivo y se convierta en preventivo.

Explicó en un comunicado que el acuerdo con la administración sinaloense busca que a través de la coordinación entre los gobiernos federal y del estado se construyan los instrumentos y capacidades para revertir la violencia y las amenazas contra comunicadores.

Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, instancia de donde depende el mecanismo de protección, señaló que urge una política nacional e integral que involucre a estados y municipios.