Quito. En un desafío al gobierno de Ecuador, la mayor organización de indígenas del país cerró carreteras en tres provincias andinas en las que este sábado entró en vigencia un estado de excepción para controlar manifestaciones, que llevan ya seis días.

Las protestas se mantienen en Pichincha (cuya capital es Quito) y sus vecinas Imbabura (norte) y Cotopaxi (sur), con fuerte presencia de indígenas, que representan más de un millón de los 17.7 millones de ecuatorianos, tras la declaratoria del estado de excepción en esos distritos por parte del Ejecutivo.

El bloqueo de vías se extendía así a 17 de las 24 provincias del país durante la mañana de este sábado, de acuerdo al estatal Sistema de Seguridad ECU911.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) lidera las protestas en reclamo de una rebaja de combustibles tras subir en 90 por ciento (a 1.90 dólares) el galón de diésel y en 46 por ciento (a 2.55) de gasolina corriente entre mayo de 2020 y octubre de 2021, desde cuando los precios están congelados por presión de los nativos.

Desde el año pasado plantea que disminuyan a 1.50 y 2.10 dólares, respectivamente.

Las manifestaciones, que han incluido marchas de estudiantes en Quito, dejan al menos 83 heridos y 40 detenidos, según reportes de autoridades y organizaciones indígenas.

Luego de infructuosos llamados al diálogo, en el que quieren mediar la iglesia, la ONU y universidades, el presidente conservador Guillermo Lasso declaró el viernes el estado de excepción por 30 días en Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, las más perjudicadas por las protestas convocadas por tiempo indefinido.

Paz y seguridad

"Me comprometo a defender nuestra capital y a defender el país", expresó el mandatario el viernes por la noche en un mensaje transmitido por radio y televisión.

Bajo esa medida, ante una "grave conmoción interna", Lasso ordenó para Pichincha, Cotopaxi e Imbabura un toque de queda entre las 22:00 y 05:00 locales (03:00 y 10:00 GMT), y suspendió el derecho ciudadano a reunirse.

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, le respondió en la madrugada de este sábado: "Ratificamos la lucha a nivel nacional, de manera indefinida".

"Desde este momento preparamos la movilización" para sumar a la Conaie a las manifestaciones que otros sectores de trabajadores realizan en Quito, en paralelo al bloqueo de carreteras.

Iza no precisó cuándo arribarán los indígenas a la capital, donde las protestas han derivado en choques con policías.

La Conaie participó en revueltas sociales que derrocaron a tres jefes de Estado entre 1997 y 2005. En octubre de 2019 encabezó violentos disturbios contra el gobierno en Quito, que duraron más de una semana, con saldo de 11 muertos y más de mil heridos.

Las Fuerzas Armadas llamaron a la ciudadanía este sábado por Twitter a "dar cumplimiento a lo dispuesto en el estado de excepción, decretado para beneficio de la seguridad, paz y desarrollo del Ecuador".

Compensaciones "irrisorias"

Por el incremento del narcotráfico y la violencia, desde el 30 de abril rige otro estado de excepción por 60 días en las provincias costeras Esmeraldas, Manabí y Guayas. En Guayas se daban protestas este sábado.

Lasso, quien lleva un año en el poder, también anunció el viernes una serie de medidas como la subida de 50 a 55 dólares de un bono para personas en situación de pobreza, subsidiar hasta 50 por ciento el precio de la urea para pequeños y medianos productores y condonar créditos vencidos por máximo 3 mil dólares otorgados por el banco estatal para el fomento productivo.

La Conaie ha propuesto un pliego de 10 puntos, que demanda que sea atendido antes de sentarse a dialogar.

Los "temas de fondo (…) usted no pretende, en este caso, resolverlos", declaró Iza al dirigirse a Lasso por redes sociales luego del anuncio de medidas.

Empero, indicó: "Saludamos los puntos (en) que se avanza. Aunque sean irrisorios, en algo ayudarán" a los sectores más necesitados.

A diciembre último, la pobreza en Ecuador alcanzaba a 27.7 por ciento de la población y la extrema pobreza a 10.5. Las zonas rurales son las más vulnerables.

Gobierno e indígenas coinciden en llamar a evitar la violencia.