En el país persiste una violencia institucionalizada, estatal, no es azaroso que el principal lugar de desplazamiento interno sea Guerrero. En este estado, por décadas, caciques y generales fueron gobernadores que reprimían y generaban violencia contra la población, señaló Netzaí Sandoval Ballesteros, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).

En su intervención durante el conversatorio "La documentación de la tortura y una defensa adecuada: reflexiones a propósito del caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México", dijo que el caso de los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán, que en 1999 fueron detenidos arbitrariamente y torturados por elementos del Ejército, demuestra un origen de motivaciones políticas y económicas para continuar con el negocio de la tala de los bosques en detrimento de las comunidades.

“En Guerrero hay una situación violenta, no es aleatoria. Esta organización, que encabezaron Rodolfo y Teodoro, se oponía a la tala irregular de árboles por parte de una empresa trasnacional estadounidense que explotaba los recursos naturales de forma desmedida y veían a estos campesinos como unos opositores reales que impedían concretar sus negocios. La tortura, la desaparición forzada, son herramientas que se utilizan para reprimir y combatir a la disidencia local. Se convierten en personas incómodas que molestan a las autoridades públicas que están ligadas a intereses privados”.

Apuntó que durante su gestión se ha creado un equipo de ciencias forenses que marca un antes y después en la historia de la defensoría pública, y que es fundamental para contar con peritajes técnicamente robustos a la hora de litigar a favor de las víctimas de tortura.

“Los abogados necesitamos asumir que no todo se puede resolver a través de las leyes, debemos acercar a los tribunales evidencias y datos robustos para demostrar con pruebas la inocencia de las personas. El caso más reciente es el de la indígena guatemalteca Juana Alonzo, quien estuvo siete años privada de la libertad en Tamaulipas y que gracias a la oportuna intervención de nuestros peritos y abogados obtuvo su libertad”.

Detalló que el IFDP logró el precedente de impulsar el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), en el que la FGR fue omisa; crear fiscalías locales especializadas para combatir la tortura ante la omisión legislativa a un mandato constitucional y presentar más de cuatro mil denuncias de casos de tortura, no sólo de este sexenio sino de anteriores.