Ciudad de México. La amenaza de una inflación en México que termine como la más alta en 23 años impulsó un acuerdo entre la iniciativa privada y el gobierno federal para controlar el precio de 24 productos de primera necesidad –alimentos e higiénicos–, el cual se sumará al fortalecimiento de otras medidas en subsidios de energéticos y aumentos en la producción agropecuaria, que eran parte de las políticas de la actual administración.

“No es resolver todo el problema, pero es resolver una parte muy importante”, al enfocarse en productos de primera necesidad definidos por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reconoció Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público; recalcó que la espiral de inflación “la está padeciendo todo el mundo”, y por ende se hará un primer ejercicio de seis meses, “renovable si es necesario y de acuerdo con las empresas”.

El Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pcic), como se le nombró, incluye subsidios a electricidad y petróleo; el incremento de la producción agrícola (centrado en maíz, frijol y arroz), apoyada por la de fertilizantes; la eliminación de impuestos a la importación de 21 de los 24 productos de la canasta básica definida por Profeco y cinco elementos estratégicos, además de otras medidas para reducir costos de logística a las empresas.

En suma, el Pcic costará poco más de 404 mil 826 millones de pesos al gobierno federal, 1.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) estimado para 2022, el cual está contemplado en 28 billones 916 mil 200 millones de pesos por Hacienda. No toda la medida es gasto nuevo, una parte está contenida en programas presupuestales desde 2018. En cuanto a la contribución de las empresas, el funcionario consideró: “todos estamos de buena fe en esto y lo que sacrifiquemos nos va a dar más mercado, porque vamos a tener más volumen de ventas”.

Explicó que con la medida se pretende impactar de inicio en la adquisición de esa canasta básica de 24 productos a lo largo de seis meses –plazo que se enfrenta a las expectativas de organismos internacionales, como el Banco Mundial, el cual pronostica que la presión sobre los precios no cederá antes de 2024. Eso no implica que cada uno de los productos no pueda ser más costoso de manera individual, detalló.

“Todas estas medidas en gran sentido son oferta, reducción de costos. No estamos incidiendo sobre programas de control de precios ni de ninguna otra medida directa porque creemos que la oferta y la reducción de costos estimula la competitividad de la industria y va a permitir el mejor manejo de márgenes por parte de la industria.”

La canasta sobre la cual se hará un control de precios representa 13 por ciento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC); los energéticos, 10 por ciento del mismo, y las tarifas autorizadas por el gobierno, 4 por ciento. Con ello, el Pcic está incidiendo en 27 por ciento de la inflación, destacó Ramírez de la O.

Asimismo, la canasta Profeco representa 46 por ciento de la inflación de alimentos, dijo el secretario, aunque esos 24 elementos son apenas la mitad de los 40 productos de la canasta básica. Ramírez de la O detalló que del 7.5 por ciento en que cerró el INCP de marzo, los alimentos contribuyeron con 3.8 puntos porcentuales y los bienes parte del Pcic 1.9 por ciento.

En el mismo programa se integran los subsidios a gasolinas que se están fondeando con excedentes en las ventas de combustibles, medida sin la cual “la inflación, que hoy es de 7.6 por ciento, estaría cerca de 10 por ciento”, aseguró el secretario; lo mismo que las tarifas eléctricas y el incremento en la producción agropecuaria.

Con la producción que ya existe y las nuevas medidas, se tendrán 2 millones más de toneladas de granos por el programa Producción para el Bienestar; por Sembrando Vida, “donde hay potencial para agregar 800 mil toneladas más”, y por la ampliación del programa de distribución de fertilizantes otros 2 millones de toneladas.

Además, se eliminará el impuesto por importar sulfato de amonio –el cual se puede usar directamente como fertilizante–; se establecerán aranceles cero a productos e insumos básicos; se prescindirá de la carta porte –un documento para evitar el contrabando– para el traslado de mercancías de primera necesidad y no subirán las tarifas ferroviarias.

También se reforzará la seguridad en carreteras, no habrá incremento en los peajes por Caminos y Puentes Federales; se promoverá una reserva estratégica de maíz, a través del criticado Seguridad Alimentaria Mexicana, y reforzarán los precios de garantía en maíz, frijol, arroz y leche y el programa de abasto de Diconsa y Liconsa.