Ciudad de México. Abogados de 27 familias víctimas del colapso de la línea 12 del Metro hicieron firmar a sus clientes contratos en los que se comprometen a entregar hasta 45 por ciento de los recursos que reciban por concepto de honorarios y, en caso de rescindirlos anticipadamente, tendrán que cubrir una penalización de 4 millones de pesos.

En el convenio por prestación de servicios profesionales, signado con el abogado Cristopher Estupiñán, del que La Jornada cuenta con una copia, se establece que el honorario que se cause constituirá un “bono de éxito”, que equivaldrá a 45 por ciento de la percepción.

Dicha cantidad se aplicará sobre “el monto que efectivamente reciban de cualquier ente público y privado que resulte responsable administrativa, civil o penalmente como consecuencia de los procesos, legales, judiciales y extrajudiciales promovidos”.

Los representados de Estupiñán aceptaron el acuerdo reparatorio de Grupo Carso –que ha desembolsado más de 270 millones de pesos a 116 víctimas–, los apoyos otorgados por la administración capitalina y las indemnizaciones pagadas por el seguro del Sistema de Transporte Colectivo.

Tan sólo quienes perdieron un familiar recibieron 890 mil pesos del Metro, más un millón adicional por parte de la Comisión de Atención a Víctimas, mientras, en el acuerdo que firmaron con la asociación empresarial The Webster Law Firm, Law Offices of MLG PLLC y el despacho de Estupiñán, se indica que si el cliente cobra alguna indemnización “cede y transfiere al abogado 40 por ciento”.

Estupiñán, quien representa a 14 víctimas –de un total de 129–, precisó que en febrero se presentó una demanda en Nueva York contra las empresas ICA, Alstom Internacional y CAF por lo ocurrido.

Si renuncian tienen que pagar $4 millones

Por su parte, los honorarios del abogado Teófilo Benítez Granados, quien representa a 13 familias –de acuerdo con el contrato de prestación de servicios– serán de “15 por ciento del monto indemnizatorio derivado del juicio o convenio que se llegue con las autoridades”.

Sin embargo, se establece una pena convencional por 4 millones de pesos si el convenio se termina de forma anticipada o si el cliente contrata por su cuenta asesorías o trámites legales.

Por su parte, el asesor de la Jefatura de Gobierno y encargado de coordinar las acciones de apoyo a los afectados de la línea 12, Ernesto Alvarado, señaló que conocieron de varios casos “en los que se actuó judicialmente y se logró echar abajo este contrato, que incluye una cláusula francamente leonina por parte de los despachos”.