Ciudad de México. Las mujeres estamos enfrentando la “mayor pandemia que hemos vivido en la historia del país: la violencia sexual, pues corremos peligro también en el entorno familiar, pero no hay ninguna sentencia contra los perpetradores”, afirmó Patricia Olamendi, de “Nosotros tenemos otros datos”.

En el foro: "Violencia sexual y tortura sexual", realizado en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, señaló que “sigue existiendo un nivel de complicidad que no logra que la violencia sexual sea castigada como tortura sexual”.

Consideró que, “es una gran violación a los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres, pues la violencia sexual es una forma de tortura, cuando es intencional, causa severos sufrimientos físicos o mentales, y se comete con determinado fin o propósito”.

La comisión de ambos delitos persigue los fines de intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar, por lo que “la tortura sexual empieza por la desnudez forzada, que aumenta el terror sicológico y abre la posibilidad de malos tratos o violación”, argumentó.

La presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez Hernández, llamó a erradicar la violencia sexual, que se configura en tortura sexual, porque “las mujeres no somos presas, tal como nos ha tratado la cultura patriarcal”.

Destacó que, la violencia sexual es preponderante en nuestro país, “en todos los rangos de la vida, empezando porque hay mayor violencia referida en las mujeres jóvenes; y también, cada vez más, en las mujeres adultas mayores”.

Es fundamental erradicar la normalización de todo tipo de violencia y sobre todo la sexual, que está basada en estereotipos y patrones discriminatorios complejos, que se proyectan en todo el orden social, y provoca que el aparato estatal y la sociedad sean incapaces de asegurar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos humanos de las mujeres.

Con frecuencia, cuando niñas y adolescentes son víctimas de este tipo de violencia, existe una baja denuncia, pues el agresor suele ser un familiar o persona cercana, lo que contribuye a perpetuar la violencia y a acrecentar las consecuencias para las víctimas.

El Estado, afirmó, debe adoptar medidas especiales acordes a su edad, así como medidas en favor de la familia que, de igual forma, deben ser consideradas como víctimas.