El pasado jueves, 31 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador atendió personalmente en Palacio Nacional durante cinco horas a dos funcionarios de tercer nivel del gobierno de Estados Unidos, el Enviado Especial para el Cambio Climático, John Kerry, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Con gran paciencia y tranquilidad, el presidente mexicano les explicó a ambos funcionarios los beneficios que tendrá la reforma eléctrica tanto para el desarrollo de la región norteamericana como para el bienestar de los pueblos de ambos lados del río Bravo.
López Obrador también escuchó durante largas horas la letanía de “preocupaciones” sobre la supuesta naturaleza “estatista” y “expropiadora” de la reforma eléctrica de parte de los altos ejecutivos de Sempra Energy, Invenergy, New Fortress Energy, Blackstone, General Motors, Johnson Controls, Talos y Ford, que acompañaban a los funcionarios estadunidenses. Estas empresas son los verdaderos dueños del poder en Washington y pretenden que el gobierno mexicano sea tan sumiso a sus exigencias y necesidades que su propio gobierno.
Jamás podríamos imaginar la celebración de una reunión similar entre el presidente Joseph Biden y funcionarios mexicanos de tercer nivel custodiando empresarios mexicanos para quejarse de una iniciativa de ley que el titular del gobierno estadunidense había enviado al Congreso de su país. Biden sería sometido a duras críticas por rebajar su investidura si apartara cinco horas de su agenda para semejante encuentro.
Pero a López Obrador le gusta romper esquemas y, en contraste con las formas elitistas y acartonadas de la política estadunidense, decidió dar un ejemplo de humildad y de hospitalidad mexicanas. En lugar de mandar a Kerry y a Salazar con un subsecretario de asuntos ambientales o energéticos, el mandatario mexicano hizo un esfuerzo especial por demostrar su apertura y espíritu colaborativo. “Existe disposición al diálogo, no queremos dejar de tener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos ni con las empresas de ese país”, declaró López Obrador.
Como gesto de buena voluntad, el Presidente mexicano también accedió a varias de las demandas específicas de los estadunidenses. En el primer punto del decálogo expuesto el pasado viernes el gobierno mexicano se compromete a no expropiar a ninguna empresa extranjera y señala que respetará plenamente los permisos de introducción de combustible de ExxonMobil, Valero, Koch, Shell y Tesoro, siempre y cuando ofrezcan precios justos y no alimenten al mercado de huachicol. El gobierno mexicano además se comprometió a retirar las denuncias contra estas empresas y a levantar las clausuras a sus terminales de combustible.
López Obrador también invitó a las empresas estadounidenses a invertir en yacimientos, ductos y parques fotovoltaicos en México, así como a firmar “acuerdos conjuntos” para la inversión en energías limpias que permitan a ambos países transitar hacia un modelo más sustentable y ecológico. El mandatario mexicano también ratificó su compromiso con la prohibición de la extracción hidraúlica o fracking, la reducción del uso de carbón para la generación eléctrica, y la expansión de acciones ambientalistas, como el programa Sembrando Vida.
La respuesta altanera y soberbia del gobierno de Biden frente a la deferencia y la bonhomía de López Obrador no se hizo esperar. Unas horas después de la maratónica reunión entre los dos gobiernos, la embajada de Estados Unidos emitió un escueto comunicado que instruye a México con respecto a “los principios centrales que deben guiar la política del sector energética” y reitera las “grandes preocupaciones” de Estados Unidos con respecto a la reforma eléctrica de López Obrador por sus supuestas violaciones al TMEC así como la supuesta “pérdida de miles de millones de inversiones y el aumento en emisiones contaminantes” que resultarían de aprobarse las modificaciones legales (https://bit.ly/3qYbKpX).
Esta imperdonable grosería diplomática debe tener consecuencias inmediatas. El comunicado del gobierno de Biden es igual de violatorio a nuestra soberanía nacional que la reciente resolución del Parlamento Europeo y las presiones de las empresas españolas que también buscaron amedrentar y presionar al gobierno de López Obrador para que retire su iniciativa de reforma eléctrica. Lo recomendable sería que el mandatario mexicano respondiera a Washington de manera similar a como contestó a Bruselas y a Madrid, con una carta contundente en defensa de la soberanía nacional o, en su caso, con una suspensión temporal de relaciones diplomáticos con las empresas estadunidenses.
En este contexto, llama la atención la ausencia del canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien prefirió emprender un largo paseo por Arabia Saudita e India a mantenerse al lado de su jefe para juntos defender la patria en estos momentos tan cruciales para el futuro del país. Su pronta salida del gabinete pareciera inminente.
