Si bien muchas políticas del gobierno de Joe Biden hacia América Latina –en particular hacia Cuba, Venezuela y con respecto a las actividades de China– son en buena medida las mismas que en la era de Trump, algunas de las acciones y declaraciones sugieren enfoques más matizados sobre otros asuntos regionales.

El director del Consejo Nacional de Seguridad para el hemisferio occidental, Juan Gonzalez, ha sido la persona clave para mantener la línea dura hacia Venezuela y Cuba. A principios de marzo se reunió en Caracas con el presidente Nicolás Maduro, quien más tarde declaró: “Hemos acordado trabajar en una agenda que mira hacia adelante”, pero el gobierno negó que fuera así y sigue sosteniendo que el líder opositor Juan Guaidó es presidente de Venezuela.

Sobre Cuba, según varias fuentes, Gonzalez vetó el año pasado un plan prometido para dar marcha atrás a la suspensión dictada por Trump al flujo de remesas hacia la isla. En fecha reciente sostuvo que las nuevas sanciones contra Rusia llevan también la intención “por designio” de poner presión sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua.

En audiencias en el Congreso celebradas en febrero y marzo, otros altos funcionarios han expuesto diversas prioridades del gobierno.

La jefa del Comando Sur, generala Laura Richardson, testificó que el hemisferio está “bajo asalto desde un montón de desafíos transfronterizos que amenazan directamente a nuestra patria”. Dijo que, además de ayudar a la región con el covid-19 y la “crisis climática”, la política estadunidense es contrarrestar la “marcha implacable” de China para expandir su influencia en la región y sus “retos a la influencia estadunidense”. También juró combatir a las organizaciones criminales trasnacionales, que “operan casi sin oposición y dejan una huella de corrupción y violencia que crea condiciones que permiten a la República Popular China y a Rusia explotarlas, amenazar la seguridad de los ciudadanos y socavar la confianza pública en las instituciones de gobierno”. Afirmó que su comando está “poniendo en acción una disuasión integrada”.

En un testimonio vertido en febrero, el secretario asistente de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, elogió la reciente Cumbre por la Democracia del presidente Biden y reconoció que “demasiados ciudadanos ordinarios han visto que sus gobiernos fallan en cumplir sus aspiraciones de un futuro mejor”. También señaló que la iniciativa Reconstruir un Mundo Mejor de su gobierno, que incluye inversiones para responder a las necesidades de infraestructura de países socios, contrarrestará la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China y “ayudará a demostrar que las democracias pueden dar resultados para sus pueblos”. Su contraparte en la Oficina de Narcóticos Internacionales y Asuntos de Aplicación de la Ley, Todd Robinson, puso énfasis en los programas de fortalecimiento del estado de derecho conforme a la Estrategia de Causas de Raíz, aunque hizo notar que, “en ciertos casos”, los gobiernos carecen de voluntad política para enfrentar la corrupción que está en la raíz de sus problemas nacionales.

La administradora asistente de la USAID para América Latina, Marcela Escobari, testificó que su prioridad es mitigar el daño causado por el covid-19 y el cambio climático. Al criticar el estado de la democracia y los derechos humanos en “casos extremos” como Venezuela, Cuba y Nicaragua, expresó preocupación por el “retroceso democrático” en otras partes, señalando que “aun en democracias más establecidas, han surgido tendencias autoritarias”.

El gobierno estadunidense no ha expresado de qué manera sus pasos difieren de los enfoques agresivos y transaccionales que caracterizaron el involucramiento del gobierno de Donald Trump con la región. La Casa Blanca presionó duramente al Fondo Monetario Internacional (FMI) para llegar a un arreglo con Argentina, a cuyo gobierno Trump mantuvo a distancia, y ayudarla a evitar un impago de su préstamo de emergencia de 2018. La vicepresidenta Kamala Harris ha dado fuerte apoyo a la presidenta hondureña Xiomara Castro desde que asumió el cargo, en enero, y probablemente ha contribuido a la decisión de Washington de solicitar la extradición del predecesor en la presidencia hondureña, Juan Orlando Hernández, aliado de Trump, bajo cargos de narcotráfico.

En sus testimonios ante el Congreso, los funcionarios actuales han hecho repetidas observaciones acerca de las percepciones y la realidad de los desafíos locales en América Latina. Su énfasis en la corrupción y la falta de voluntad para atender esos flagelos sugiere una conciencia de que no todo está bien, incluso en países que Washington considera democracias. Después de una lenta respuesta inicial, el gobierno ha sido generoso en dar apoyo a la distribución de vacunas y a elevar la capacidad de los sistemas de salud pública para responder con eficiencia a la pandemia de covid-19.

Estos factores sugieren que, si bien las gastadas políticas de cambio de régimen hacia Cuba y Venezuela y la “disuasión integrada” contra China y los cárteles de la droga podrían seguir en el centro del enfoque de Washington hacia los asuntos hemisféricos, existe conciencia de cómo una cooperación más profunda con la región podría promover al mismo tiempo los intereses de Estados Unidos y los de América Latina. La próxima Cumbre de las Américas podría ser la mejor oportunidad para que el gobierno estadunidense busque un significativo terreno común en torno al imperativo de fortalecer la gobernabilidad democrática, reto que el liderazgo de Washington percibe actualmente como compartido con virtualmente todas sus contrapartes en la región.

*Miembro de número y profesor adjunto del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University; ex funcionario de Inteligencia Nacional (2000-2004) y asesor principal del Comité de Relaciones Exteriores del Senado (2008-2011). Publicado originalmente en AULABlog del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos.

Traducción: Jorge Anaya