Ciudad de México. Los siete comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) expresaron este jueves su preocupación por la negativa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a transparentar información solicitada por personas en ejercicio de su derecho a saber, relacionada con el asesinato del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.

Francisco Javier Acuña Llamas, uno de los comisionados, manifestó este jueves a nombre del pleno su preocupación por el comunicado “descortés y agraviante” emitido el miércoles por el organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra en el que anunció el inició de “una batalla legal” en contra de resoluciones del Instituto que han ordenado la entrega de la versión pública de una recomendación de la Comisión sobre de Mario Aburto, homicida confeso del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.

Con su postura, la CNDH, dijo el comisionado Francisco Javier Acuña acompañado del pleno del Instituto, incluida su presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, solo “revela desconocimiento, confusión y expresiones del todo desafortunadas” respecto a la labor del INAI y recordó que las resoluciones del Instituto son inatacables.

El comisionado Acuña Llamas dijo en una sesión del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia -que encabeza el INAI- que cayó “como balde de agua fría” a las y los integrantes pleno del instituto el pronunciamiento en el que la CNDH los acusó de poner el riesgo el caso por haber ordenado este año, en respuesta a una solicitud ciudadana, la entrega de la versión pública de la recomendación 48VG/2021 de la CNDH, que incluye actas, declaraciones y peritajes médicos relacionados con el caso.

A nombre del pleno del INAI, Acuña Llamas manifestó que la resolución del Instituto se hizo en apego a la ley y trata de un caso de interés público, por lo que lamentó que “sirva de banquete para una innecesaria colisión entre dos instituciones que tutelan los derechos fundamentales”.

Respecto al anunció de que la CNDH iniciará “una batalla legal” en contra de las resoluciones del INAI, Acuña dijo que cuando hay “una incomprensión entre las competencias de un órgano autónomo constitucional respecto de otro”, como lo son el INAI y la CNDH”, en todo caso lo que podría proceder es una controversia constitucional.

Dijo que lo más preocupante de pronunciamiento de la CNDH es que podría caer en rebeldía institucional si no acata las órdenes del Instituto, pues por ley son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados y su inobservancia será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

Ayer, la CNDH emitió un pronunciamiento en el que señaló que con sus resoluciones en las que pide la apertura de información, el Inai pretende "poner en riesgo un caso que no está resuelto”, y señaló que hay “interferencias de personas particulares” que por intereses claramente “políticos” pueden poner en riesgo el cumplimiento de una recomendación de la Comisión relacionada con el caso.

Se trata de la Recomendación 48VG/2021 sobre Mario Aburto Martínez, homicida confeso de Colosio, cuya entrega en versión pública fue ordenada este año por el Inai a solicitud de ciudadanos.

El Instituto aseguró en un comunicado que en el ejercicio de sus facultades, en ningún caso prejuzga sobre el interés o la utilización de la información que se solicita por los ciudadanos, tal como lo mandatan la Ley General de Transparencia y la Ley Federal de Transparencia, según las cuales en el ejercicio del derecho humano de acceso a la información cualquier persona, sin acreditar ningún interés o justificar su uso, puede solicitar información a los sujetos obligados que la poseen, incluida la propia CNDH, atendiendo el principio de máxima publicidad.

Señaló que sus resoluciones son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados y la inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

Los integrantes del Pleno del Inai manifestaron su compromiso para asegurar la apertura de información, de mantener su actuar público y transparente, con deliberaciones apegadas, en todo momento, a su doble mandato constitucional de velar por dos derechos humanos, el de garantizar que todos los documentos de acceso público se entreguen a los peticionarios y también a proteger los datos personales para que no puedan ser divulgados sin consentimiento de sus titulares.