El vocero de la Organización de Naciones Unidas, Stephane Dujarric, señaló que el conflicto del Sáhara Occidental debe solucionarse con “un compromiso pleno de las partes con el proceso político facilitado por la ONU”, lo cual implica “la libre determinación del pueblo saharaui en el marco de las disposiciones conformes a los principios y propósitos” de ese organismo internacional. Por otra parte, el canciller chino, Wang Yi, dijo que Pekín “apoya los esfuerzos por una solución justa y duradera basada en el derecho internacional y en las resoluciones de la ONU, y aludió al gobierno español y a sus “juegos geográficos”, en referencia a la decisión de Madrid de dar la espalda a la reivindicación soberana de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y apoyar los propósitos anexionistas de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.
Como se recordará, el viernes pasado el gobierno que encabeza Pedro Sánchez emprendió un sorpresivo viraje en las posiciones tradicionales del Estado español en el norte de África mediante un comunicado que rezaba, en uno de sus pasajes: “España considera que la iniciativa de autonomía es la base más seria, realista y creíble” para solucionar el conflicto entre Marruecos y la RASD, adoptando así las exigencias de Rabat de que el Sáhara Occidental se convierta en una región autónoma dentro de Marruecos. Hasta entonces, Madrid había venido respaldando las determinaciones de la ONU que establecen la realización de un referéndum para que los habitantes de ese territorio decidan si quieren ser independientes o formar parte del reino alauita, una medida que por décadas ha sido postergada por maniobras del régimen de Rabat, ansioso de ganar tiempo para alterar la composición demográfica del territorio y poblarlo con marroquíes.
Se consuma, así, una segunda traición de Madrid al pueblo saharaui y a su anhelo de independencia. La primera fue la entrega del Sáhara Occidental, su colonia durante medio siglo, a Rabat, por medio de un acuerdo pactado por los reyes Juan Carlos I de España y Hasán II de Marruecos. El retiro del país europeo dio lugar a una inmediata invasión de las tierras saharauis por tropas marroquíes y mauritanas y a la proclamación de la RASD, la cual libró una guerra desigual contra ambas naciones agresoras. Poco después Mauritania renunció a la parte del territorio que reclamaba y reconoció al gobierno del independentista Frente Polisario, pero Marruecos se adueñó de 65 por ciento de la RASD, con la cual se encuentra en guerra desde entonces, a pesar de diversos ceses del fuego. Hasta la fecha, Rabat basa su dominio en un muro que parte en dos el Sáhara Occidental, en la imposición de un régimen de terror y violaciones a los derechos humanos en la porción bajo su control –que incluye la capital, El Aaiún– y en la explotación ilegal de los recursos naturales saharauis, especialmente los yacimientos de fosfato.
El reciente viraje de La Moncloa ha causado malestar en la clase política española, particularmente en los aliados de Sánchez, Unidas Podemos, que expresó que “no lo comparte” e incluso en las filas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del presidente del gobierno, y ha llevado a una crisis diplomática con Argelia, país que respalda a la RASD frente a Marruecos. Es claro que La Moncloa ha decidido traicionar una vez más a la población de la antigua colonia española con el propósito de normalizar sus relaciones con el reino alauita, en una movida política carente de los más elementales escrúpulos y dictada por un pragmatismo extremo que se contrapone a la legalidad internacional y a las resoluciones de la ONU sobre el Sáhara Occidental.
