San Cristóbal de Las Casas, Chis. A través de un trabajo coordinado, el gobierno de Chiapas y la Fiscalía General del Estado (FGE), lograron este jueves la liberación de nueve trabajadores de diferentes empresas que permanecían retenidos por pobladores del municipio de Altamirano.

“Desde el momento en que el gobierno del estado a través de la Secretaría General de Gobierno tuvo conocimiento de la situación, dio seguimiento y abrió todos los canales de diálogo con los actores políticos, familiares y empresarios”, afirmaron las autoridades chiapanecas en un comunicado.

Agregaron que “como resultado de la mesa de negociación, representantes de la Comisión por la Defensa de la Justicia y Democracia de Altamirano, encabezados por José Domingo Espinoza López y Edgar López Hernández, entregaron este jueves a nueve de las 19 personas que fueron retenidas el 7 de febrero” en Altamirano.

Precisaron que de esta forma, los trabajadores de las empresas La Y Griega, Café Nueve Estrellas, Bio Sistema de Riego, Sabritas y Boxito, retornaron este jueves con sus familias y de acuerdo con los primeros reportes, “se encuentran sanos y a salvos y reciben atención personalizada por parte de personal de la FGE”.

Los nueve empleados reconocieron en videograbaciones la intervención directa del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y del fiscal general del estado, Olaf Gómez Hernández, para lograr su liberación y poder regresar junto a sus familiares.

Las personas liberadas son Carlos Martín Hernández Santiz, Luis Adrián Rodríguez Martínez, Fredi Santos Ortiz, Luis Alberto López Avendaño, José Luis Lara Bautista, Alejandro Meza García, Lorenzo Gómez Cruz, Eleazar Pérez Abarca, Alexis Johny Hernández Velasco.

Los trabajadores fueron entregados a Juan Carlos Pérez Villegas, fiscal del Ministerio Público de Las Margaritas; José Luis Ramos López, delegado de Gobierno de ese municipio; Claudia Gordillo Ruiz, directora de la Policía Municipal y Ángela Méndez Bautista, visitadora adjunta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Los responsables de las retenciones exigen la desaparición del concejo municipal nombrado por el Congreso local a finales de octubre.