En estos tiempos de crispación e incertidumbre causados por una pandemia que no cede y por una guerra en Europa, que ya fue durante el siglo pasado el espacio territorial donde se originaron dos cruentos conflictos bélicos mundiales que causaron millones de muertos y heridos, en el ámbito nacional, atravesado también por las violencias soterradas de la acumulación militarizada y delincuencial, una nota informativa de Fernando Camacho Servín ( La Jornada, 28/2/22) daba cuenta de un retraso injustificable del Ejecutivo federal en el envío al Congreso de la Unión de la iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos indígenas, retenida en la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Esta dilación ha propiciado que un conjunto de organizaciones y comunidades agrupadas en la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea) difunda un extrañamiento al presidente López Obrador, señalando la paradoja que, siendo su iniciativa, tenga “otra agenda de impulso a los megaproyectos”, esto es, Aldea “no descartó que la tardanza sea por presión de grupos empresariales, pero también porque el gobierno federal no quiere que la iniciativa represente un freno para sus proyectos prioritarios”.
Esta misma coalición, con presencia en al menos 10 estados de la República, en su documento fundacional, fechado en septiembre de 2020, demandó al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, a la par que reformas en el marco legal en consonancia con los tratados internacionales de derechos humanos y los acuerdos de San Andrés, “derogar las formas de despojo legal de los territorios indígenas, vigentes en las leyes energéticas y la Ley Minera, debido al carácter preferente de estas actividades y las figuras de ocupación superficial, así como promover una nueva Ley de Aguas, con apego a derechos y al respeto de los sistemas comunitarios, y una ley de prohibición de la fracturación hidráulica ( fracking)”. Estas derogaciones y otras impostergables al artículo 27 constitucional que permitieron la venta de tierras ejidales y comunales, son claves para impedir que la reforma en materia indígena quede en letra muerta.
En el mismo documento, Aldea se anticipa a la situación que hoy denuncia, al destacar que “las reformas prometidas por la 4T para avanzar en el cumplimiento efectivo de los derechos indígenas siguen congeladas, mientras los megaproyectos avanzan aun en tiempos de pandemia. Es momento de poner alto a los atropellos contra las comunidades y de construir en serio una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado basada en la igualdad, el respeto y la no discriminación. Desde Aldea exhortamos al actual gobierno a retomar la senda de sus compromisos y obligaciones internacionales y garantizar activamente la participación de los pueblos en las políticas y leyes que les afectan”.
En esta dirección, Magda Gómez escribe, y coincido con ella: “Hoy, como ayer, la problemática de los recursos naturales, es el corazón de la referida razón de Estado. La razón de pueblo, en contraste, es avasallada por la narrativa del llamado desarrollo que, para efectos prácticos, es el sustento del despojo y aunado a ello está el imperativo del factor tiempo pues los megaproyectos del gobierno, por decisión política, deben concluirse en el actual sexenio” ( La Jornada, 1º/3/22).
Es claro que el Ejecutivo ha privilegiado durante estos tres años sus megaproyectos paradigmáticos, como el mal llamado Tren Maya, el Canal Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos, sobre reformas constitucionales y legales en derechos indígenas. A pesar de las resistencias contra el desarrollismo que impregna la acción gubernamental, y contra el proceso de militarización y paramilitarización delincuencial que lo acompaña, el actual gobierno utiliza un doble discurso que, no obstante, hace cada vez más evidente que son los intereses corporativos empresariales los que en realidad se están imponiendo. La toma de las instalaciones de Bonafont-Danone, en Puebla, por el Ejército y la Guardia Nacional es una muestra significativa, así como la agresión permanente, los asesinatos selectivos, como el de Samir Flores Soberanes, y la criminalización de las oposiciones comunitarias y el entorno solidario que las acompaña en la geografía nacional rural y urbana.
Posiblemente, la iniciativa en materia de derechos indígenas saldrá de su letargo y se enviará al Congreso, no sin antes garantizar que los programas prioritarios concluyan con éxito en este sexenio. Cambiará todo para seguir igual.
Se confirma la aseveración zapatista que no debemos esperar nada de los de arriba. Sólo la resistencia anticapitalista, antirracista y antipatriarcal de los pueblos, desde los territorios, puede hacer realidad los justos reclamos a la autonomía y la libre determinación.
