La reforma que aprobó el Senado para que adolescentes trabajen en el campo es un “retroceso”, ya que podría afectar el interés superior de la niñez, así como ser violatoria de los convenios de México con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), advirtieron especialistas laborales y de derechos humanos de jornaleros agrícolas.
Mónica Falcón, secretaria técnica de la Mesa Social contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes, señaló que existe “una preocupación profunda” porque el dictamen sólo acota que los jóvenes de entre 16 y 18 años no se empleen en labores agrícolas que impliquen el uso de químicos y maquinaria peligrosa.
La preocupación, indicó, es la interpretación que pueda darse a la modificación a la Ley Federal del Trabajo (LFT), ya que “podría justificarse” de que realiza una labor que no utiliza químicos o carga pesada, pero –subrayó– “no hablamos en qué condiciones lo hace”: carece de equipo de protección y de seguridad social, largas jornadas, y se sigue “perpetuando este círculo vicioso de precariedad” en el campo.
El miércoles pasado, la cámara alta aprobó la reforma al artículo 176 de la LFT, que prohíbe para los menores de edad las labores agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca, siempre y cuando implique el “uso de químicos, manejo de maquinaria, vehículos pesados, y los que determine la autoridad competente”.
Por su parte, en un análisis preliminar, Graciela Bensusán, profesora de la UAM-Xochimilco, alertó que con esta decisión se pierde la garantía para evitar la explotación de menores en el campo, y señaló que México tiene compromisos internacionales suscritos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además del convenio 182 de la OIT, para la eliminación efectiva de las peores formas de trabajo infantil.
Respecto al T-MEC, Falcón explicó que en el capítulo laboral, en su artículo 23.3, establece que los países integrantes del mecanismo adoptarán y mantendrán “en sus leyes y regulaciones (…) la abolición efectiva y la prohibición de las peores formas de trabajo infantil”.
Isabel Margarita Nemecio, colaboradora del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, apuntó que la reforma a la LFT no sólo se trata de permitir a los jóvenes laborar en el campo, sino lo primordial es que las modificaciones deben ser a partir de un enfoque integral que garanticen sus derechos humanos.
Agregó que a pesar del convenio 182 de la OIT, en México prevalece el trabajo infantil agrícola en pequeñas o medianas empresas, ranchos o zonas de cultivo que “reclutan determinado número de trabajadores, por lo general familias, y laboran casi todos sus integrantes”. Esta situación, dijo, se presenta en Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Colima y Nayarit, entre otros estados.
