En mi artículo anterior afirmé que la lucha de los mineros de Cananea –al igual que la de los valientes trabajadores de este sector fundamental para la economía del país– es histórica. Ha transcurrido más de un siglo desde la reconocida huelga de Cananea de 1906, precursora de la Revolución Mexicana, pero todo parece indicar que nada ha cambiado, puesto que se está repitiendo la historia de miseria y explotación, quizás con otros actores, pero con acciones y decisiones semejantes.
Como sucede siempre con el capitalismo rapaz, los empresarios –anteriormente extranjeros y hoy mexicanos en su mayoría– se han aprovechado constantemente de la corrupción política, del tráfico de influencias y del acceso a información privilegiada para extender sus redes y negocios, la mayoría sucios. Han actuado –y continúan haciéndolo– con total impunidad, pues están conscientes de que tienen el poder de corromper y así seguir acumulando riqueza de manera vergonzosa e indignante, como han hecho durante muchos años.
Actúan generalmente como Grupo México y su representante legal, Germán Feliciano Larrea, con un insensible desprecio a la clase trabajadora, incluso a sus propios empleados, como si fueran esclavos sometidos a sus caprichos y avaricia. Eso lo hacen sin el más mínimo indicio o gesto de generosidad o solidaridad, ya que los tratan sin respeto o reconocimiento a su capacidad, experiencia y conocimientos.
Sus planes y objetivos se basan sólo en sus ambiciones, codicia y prepotencia. Seguramente desde pequeños crecieron siendo humillados por sus más cercanos amigos y familiares y cuando obtuvieron el poder por herencia –o por la explotación indiscriminada de los recursos naturales del país y de la mano de obra– se convirtieron en la clase de personas que son en la vida actual.
Cananea es símbolo y ejemplo de cómo la resistencia y la dignidad humana pueden continuar y mantener una lucha por muchos años. De la misma forma, las minas de Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas, otras concesiones en manos de Larrea, tienen casi 15 años en huelga por la arrogancia e indiferencia de esa empresa hacia los mineros. No obstante, a pesar de las adversidades, los trabajadores se mantienen leales, unidos y solidarios, resistiendo agresiones y ofensas de empresarios sin ética personal ni profesional. De hecho, estos largos conflictos se han vuelto casos de vergüenza histórica y pública para estos hombres de negocios sin escrúpulos.
El 14 de abril de 2009, la empresa en cuestión usó de excusa la “causa de fuerza mayor” para desalojar arbitraria y violentamente a los trabajadores de Cananea. Al mismo tiempo, les cerraron las puertas de la justicia en México. Por ello, el sindicato nacional y los miembros de la sección 65 acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a pedir su apoyo ante esta terrible situación de injusticia que Larrea y el gobierno de Felipe Calderón habían propiciado. El sindicato que presido presentó su petición de admisibilidad el 4 de enero de 2012, demostrando que los argumentos de Grupo México eran viles mentiras contra la clase trabajadora del país, ya que –sin fundamento legal y en violación de la Constitución– el entonces gobierno decretó por terminado el contrato colectivo de trabajo vigente y se dio por concluida la huelga.
Pese a todos los instrumentos jurídicos y acciones ilegales de los gobiernos de Calderón y Peña contra los trabajadores, la CIDH –mediante un oficio publicado el 4 de mayo de 2021– informó tanto al sindicato minero como al gobierno de México que la petición había sido admitida, reconociendo que los derechos humanos de los 828 mineros registrados y sus familiares habían sido violados de manera burda y grave con responsabilidad directa para el Estado mexicano y Grupo México.
Tras la admisibilidad, la CIDH citó a las autoridades laborales y al sindicato a un diálogo amistoso programado del 19 de agosto al 19 de septiembre de 2021. No contestó nadie de la administración federal ni de la Secretaría de Trabajo. Esta falta de respuesta se interpretó como negativa al diálogo para buscar una solución al conflicto obrero-patronal. Pese a lo anterior, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, organizaron dos meses después un evento que bautizaron como Plan de Justicia para Cananea, en el cual actuó como anfitrión especial el presidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante, ni los trabajadores mineros de Cananea ni sus familiares ni sus representantes sindicales locales o nacionales fueron invitados.
Grupo México logró sentar al representante de Larrea, el mayor violador de derechos laborales y comunitarios de Sonora, junto al presidente López Obrador y dejar fuera a las víctimas del conflicto. El sindicato nacional de mineros que tengo el honor de presidir no puede aceptar que se les excluya cuando han sido los ofendidos y agredidos durante tanto tiempo. Hacerlo sería equiparar al que violó los derechos laborales y humanos con las víctimas y aquellos que han trabajado para defenderlas, los miembros del sindicato minero. No tengo duda de que lo que hicieron la secretaria de Trabajo, el gobernador de Sonora y Grupo México fue poner en el mismo plano a Francisco I. Madero con Victoriano Huerta, con el objeto de confundir a la opinión pública y poner en el mismo nivel a víctima y victimario.
Por lo anterior y ante la admisión de la CIDH, los mineros de Cananea y el sindicato nacional de mineros celebramos la determinación del Presidente de la República de que las negociaciones para resolver de fondo estos enfrentamientos se realicen en la Secretaría de Gobernación. El futuro de la paz laboral y de las operaciones de Cananea dependen de estas reuniones. Se debe evitar regresar y revitalizar situaciones de conflicto. Tenemos la esperanza y la mejor disposición para concluir satisfactoriamente las negociaciones y terminar con estas injusticias que nunca debieron ocurrir para que no se vuelvan a repetir. Es tiempo de tomar los pasos necesarios para que los mineros recuperen la confianza en la dirección del país y en el sistema de justicia.
