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Capital

2022-02-05 08:59

Sheinbaum: se actuará contra el despojo de casas

Como varias unidades de la alcaldía Iztapalapa, sólo los habitantes entran y ni ellos se sienten seguros. Aseguraron que dos grupos de delincuentes se disputan la venta de drogas y el cobro de piso a quienes se atreven a abrir un local comercial.
Como varias unidades de la alcaldía Iztapalapa, sólo los habitantes entran y ni ellos se sienten seguros. Aseguraron que dos grupos de delincuentes se disputan la venta de drogas y el cobro de piso a quienes se atreven a abrir un local comercial. Foto Pablo Ramos

Ciudad de México. Los asaltos con arma de fuego que cometen jóvenes a bordo de motonetas, además del robo de autopartes y de vehículos, se intensificaron junto con los despojos de viviendas en la unidad habitacional Fuerte de Loreto, en Iztapalapa, en años recientes por personas identificadas como Los Tepiteños, denunciaron los residentes.

El operativo que desplegaron el jueves pasado la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con al menos 260 efectivos y 28 unidades para recuperar 32 viviendas, contrastó con la situación que se observó ayer, en la que nada más hubo presencia fija de una patrulla del sector Santa Cruz, con un policía, para 10. 6 hectáreas.

Los habitantes de esa zona entrevistados dijeron que el único uniformado que maneja la patrulla no recorre la unidad ni los andadores, tampoco se baja del vehículo para revisar entre los automóviles estacionados; además, indicaron sentir temor de que la situación de inseguridad se incremente en los siguientes días tras el desalojo de las 32 viviendas.

Al solicitar el anonimato, aseguraron que ninguno de los departamentos ubicados en la manzana B, que ocupan Los Tepiteños, fue recuperado por las autoridades, los cuales son ubicados también como puntos de venta de narcóticos.

Otro vecino comentó que una banda se hace llamar Los Rojos, y junto con Los Tepiteños se dedican al cobro de extorsión de vecinos que colocaron comercios en las áreas asignadas para estacionar sus automóviles en la unidad. Relató que hace un par de años un negocio acondicionado como peluquería fue incendiado porque el dueño se negó a pagar la cuota mínima de mil pesos.

Al empezar la década de los 90 comenzó la construcción de la unidad, ubicada en la colonia Fuerte de Loreto, en los predios que fueron talleres de la Ruta 100, en los que residentes recuerdan que “cuando llovía se hacía mucho lodazal que llegaba a las rodillas, no se podía ni caminar”.

Las autoridades capitalinas iniciaron la construcción de los departamentos para los jubilados de la extinta Ruta 100, pero también se construyeron viviendas para asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Según los vecinos, desde hace 10 años se acentuó la inseguridad, luego de que la mayoría de los residentes originales fallecieran, además de que se perdió la organización de la seguridad que ya no se pagó y entraron personas sin mostrar el tarjetón, lo que dio paso a los despojos.

También somos víctimas: desalojados

El abogado Jhonatan Alcántara, quien representa a 10 familias, promovió un amparo contra el desalojo, luego de que acusara que a sus clientes les quitaron las llaves, además de que no se les permitió declarar ni presentar la documentación que acredita que son los dueños de las viviendas antes del operativo.

Rechazó que sus clientes tengan algún vínculo con grupos delictivos, por lo que se dijo a favor de que se realicen las indagatorias.

Lizbeth, residente del edificio E-8, dijo: “Nosotros también somos víctimas, me vendieron el departamento por el que pagué más de 400 mil pesos y ahora tuve que dejar a mis hijos mientras acudo a la Fiscalía”.

Fernando, quien dijo trabajar en un restaurante, señaló que el departamento que habitaba lo compraron su hermano y su mamá con ahorros, por lo que negó formar parte de grupos de hampones.

Ayer algunas personas acudieron a las instalaciones de la FGJ para entregar la documentación que los acredita como dueños.

La mandataria capitalina llama a afectados a presentar su denuncia en la Fiscalía

Rocío González Alvarado

Claudia Sheinbaum afirmó que se tienen más denuncias de despojos de inmuebles en otras zonas de la Ciudad de México, en donde la Fiscalía General de Justicia (FGJ) actuará para que se regresen a sus propietarios, como ocurrió en la unidad habitacional Fuerte de Loreto, en Iztapalapa.

En su conferencia de prensa, la mandataria capitalina pidió a la población que se vea afectada por este ilícito a presentar sus denuncias para que pueda abrirse un procedimiento penal.

Consideró que la FGJ deberá informar quiénes son los que están detrás de estos despojos, pero indicó que se trata de un problema que no se dio recientemente, sino que ya venía desde el gobierno anterior.

Mencionó que se han hecho denuncias de despojos en algunas unidades habitacionales, entre ellas la de Fuerte de Loreto. “La Fiscalía hizo todo el procedimiento penal y fue apoyada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana para entregar a sus verdaderos dueños los departamentos.

“Ese es el objetivo de este procedimiento que se hizo, que creo yo es muy bueno, porque muchas veces personas que no tienen información las despojan de su hogar y la Fiscalía está actuando de manera muy importante.”

Juicios pueden tardar hasta tres años

La jefa de Gobierno ha comentado que cuando ocurre algún despojo, ya sea por parte de un grupo delictivo o incluso por problemas familiares, lo que normalmente sucede es que se espera el juicio completo, que podría tardar hasta tres años en el Tribunal Superior de Justicia, para que se reconociera la propiedad de las personas.

Sin embargo, Sheinbaum aseguró que la propia Fiscalía había desarrollado un esquema en el que los afectados podrían recuperar de inmediato el inmueble despojado con la información que se tiene de la propiedad y bajo la denuncia correspondiente.

El jueves pasado, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, personal de la FGJ recuperó y resguardó 32 viviendas en la unidad habitacional Fuerte de Loreto, de la colonia Ejército de Agua Prieta, en Iztapalapa, las cuales fueron invadidas entre 2017 y 2021 y cuyos dueños interpusieron denuncias por despojo.

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