El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que se creará una empresa estatal para la explotación del litio a fin de que este recurso se use en beneficio de todos los mexicanos y no pase “a formar parte de los inventarios de una empresa o un gobierno extranjero”. Con esta medida, sostuvo el mandatario, se evitará que México sea “territorio de conflicto” entre las potencias que pugnan por el control sobre el mineral. En esta perspectiva, criticó que en diciembre pasado, sin la menor conciencia del interés nacional, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) aprobara a la empresa china Ganfeng Lithium la concesión del yacimiento ubicado en Bacanora, Sonora. Las posturas expresadas en la conferencia de prensa matutina se encuentran en línea con el contenido de la iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética enviada por el Ejecutivo al Congreso en octubre de 2021, donde se contempla la exclusividad del Estado en la extracción del litio y el no otorgamiento de nuevas concesiones.
Como lo señaló el Presidente, el litio no es un mineral más, sino un recurso estratégico con la misma importancia que durante más de un siglo ha tenido el petróleo. Además de ser un activo financiero cuyo precio previsiblemente se incrementará en forma progresiva, resulta indispensable para cualquier proyecto de transición energética: es un componente hasta ahora insustituible en los sistemas de almacenamiento necesarios para hacer viable el uso de las energías limpias de alta intermitencia, como la eólica y la fotovoltaica, y es también la materia prima de las baterías empleadas en dispositivos móviles de todo tipo, desde relojes y teléfonos inteligentes hasta vehículos eléctricos.
Que el nuestro sea uno de los pocos países favorecidos con reservas aprovechables de litio supone la oportunidad de emplearlo como palanca del desarrollo y para hacer posible que la transición hacia fuentes de energía menos contaminantes se realice en términos soberanos. Por el contrario, liberar este recurso a la lógica del mercado dejaría el futuro nacional a expensas de las fuerzas de la oferta y la demanda, así como inerme ante las veleidades de las grandes corporaciones, cuya prioridad es y será siempre la maximización de sus utilidades.
Para despejar cualquier incertidumbre en torno a los desastres de la privatización del sector energético basta con recordar las dificultades por las que transitan actualmente millones de hogares y negocios españoles por las alzas de 500 por ciento en el precio de la electricidad en el último año, o los apagones y las facturas hasta por 300 mil pesos que los residentes texanos debieron afrontar durante las heladas de febrero pasado. España, caso único de liberalización extrema en Europa, paga tarifas más elevadas que sus vecinos, y en Texas se encuentra documentado que los clientes de proveedores privados han desembolsado sistemáticamente más que quienes están conectados a una red pública.
Por otra parte, todo apunta a que vivimos un momento político propicio para hacer realidad un proyecto soberano de transición energética gracias a la relación de mutuo respeto entablada con Washington, donde parece haber la conciencia de que las decisiones en materia energética son un asunto de exclusiva competencia interna. Así lo ratifica el embajador estadunidense en nuestro país, Ken Salazar, quien, entrevistado por La Jornada, reconoció que la reforma eléctrica es “un proceso que corresponde sólo a México”.
Visto que la construcción de una industria nacional para el aprovechamiento del litio es deseable, necesaria y posible, sólo queda hacer votos por que se concrete a la brevedad y dé frutos en favor del medio ambiente, de la soberanía energética y del desarrollo económico de la nación.
