El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) manifestó su preocupación por las declaraciones del obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, quien aseguró que “es peligroso despenalizar el aborto” en Guerrero, proponiendo realizar una consulta ciudadana.

Reiteró el necesario respeto al Estado laico, en donde debe prevalecer el debate jurídico y la garantía de los derechos de las mujeres, por lo que consideraron “irresponsable” que líderes religiosos se manifiesten en un tema que -además de estar fuera de su competencia- “genera odio, discriminación y violencia hacia las mujeres, hacia las defensoras de los derechos reproductivos y a la salud de las mujeres y hacia las y los legisladores que buscan legislar en la materia”.

Agregó que contrario a ello, la injerencia y anteponer las creencias religiosas y posturas “moralistas, vulnera los derechos de las mujeres y pone en riesgo la vida, salud física y emocional”.

Apuntó que la despenalización del aborto no obliga a nadie a practicarlo y que la iniciativa de reforma presentada en el Congreso de Guerrero “es una propuesta vanguardista que además de ponderar los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes guerrerenses, cumpliría con las medidas dictadas por la Secretaría de Gobernación a los tres niveles de gobierno, en el marco de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por agravio comparado, realizada el 5 de junio de 2020 y daría certeza jurídica para garantizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación”.

Añadieron que como una de las consecuencias, luego de la presentación de la iniciativa en el Congreso han sido descalificaciones vía redes sociales y amenazas incluso de muerte contra legisladoras y legisladores, paradójicamente, quienes defienden la vida, al mismo tiempo amenazan de muerte por lo que hicieron un llamado para la Secretaría de Gobernación tome las medidas urgentes y necesarias para salvaguardar la vida e integridad física de las y los legisladores del Estado de Guerrero a fin de que puedan legislar sin que su vida corra riesgo y garantice la prevalencia del Estado laico.