Bogotá. El Congreso de Colombia aprobó ayer un proyecto de ley de seguridad ciudadana que, entre otras cosas, autoriza la “fuerza letal” en legítima defensa para repeler una incursión violenta a una vivienda o vehículo, en lo que sectores de la oposición consideran que afectará el derecho a la movilización social.

La nueva norma fue impulsada en noviembre, luego de las masivas protestas registradas durante tres meses este año –comenzaron el 28 de abril– contra una reforma fiscal, la inequidad y el uso excesivo de la fuerza de la policía que dejaron más de 40 muertos y 3 mil heridos.

Con 60 votos a favor y 10 en contra fue aprobada la “ley de seguridad ciudadana”, como fue bautizada por el gobierno del presidente Iván Duque, que la promovió como una forma de fortalecer instrumentos jurídicos y económicos para “contrarrestar la delincuencia en las ciudades” y regular las armas “menos letales”.

Los congresistas de oposición se negaron a votar el proyecto al considerar que “viola de manera abierta y flagrante principios fundamentales de la Constitución”, como el derecho a la vida y a la movilización social, explicó el senador Iván Cepeda durante la plenaria.

El senador opositor Roy Barreras aseguró que demandará ante la Corte Constitucional la norma a la que sólo le resta la firma de Duque para convertirse en ley. “Lo que acaba de aprobarse criminaliza la protesta, legitima la justicia por mano propia, legaliza formas de paramilitarismo urbano y autoriza a disparar a los jóvenes y a los indígenas”, advirtió Barreras.

La iniciativa aumenta las penas para quienes atenten contra la infraestructura, el sistema de transporte público masivo e instalaciones militares o de policía. También para quienes utilicen máscaras que sirvan para ocultar la identidad usadas durante las protestas, en particular por los integrantes de la llamada “primera línea” que se ponían como escudos humanos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Incluye también la “legítima defensa privilegiada” para particulares que se podrá ejercer cuando un “extraño” use “maniobras o mediante violencia penetre o permanezca de manera arbitraria” en lugares privados o vehículos. “La fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno”, aclara el proyecto de ley aprobado

Festeja el gobierno

El gobierno celebró la medida. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, indicó en un comunicado que es “garantista” de los derechos y libertades de los ciudadanos y a la vez “implacable” con la delincuencia.

Su par del Interior, Daniel Palacios, resaltó que la ley aumenta las condenas para quienes asesinen a periodistas, elementos de la fuerza pública y defensores de derechos humanos, uno de los principales problemas del país.

Según el más reciente informe de Naciones Unidas sobre el estallido social, de 46 muertes que la organización pudo comprobar en las manifestaciones, al menos 28 fueron cometidas presuntamente por policías.

Por lo pronto, 28 congresistas de los opositores Polo Democrático Alternativo, Partido Verde y Comunes enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que aseguran que la nueva ley de Seguridad Ciudadana es un “incumplimiento” a sus recomendaciones hechas en su última visita a Colombia, en el contexto de las protestas antigubernamentales de este año.

“El articulado que fue aprobado por las mayorías parlamentarias pareciera encontrar el origen de la inseguridad en la protesta social”, señalaron, y destacaron que el punto de la “legítima defensa privilegiada” prescinde de responsabilidad penal a quienes la ejerzan y “fortalece acciones de autodefensa”.

“La ley crea el delito de obstrucción a la función pública, al señalar que quien mediante violencia o ‘cualquier forma de coacción o intimidación obstruya, impida o dificulte la realización de cualquier función pública’, recibirá una pena de 36 a 60 meses. La condena aumentará cuando se obstruya o impida una orden de captura o procedimientos militares o de policía”, señalaron los opositores en el documento.