Para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es un paso importante para la defensa de los derechos humanos que tutela el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya suspendido parcialmente el acuerdo presidencial que cataloga como de seguridad pública las obras y proyectos prioritarios del gobierno federal.
La medida cautelar, que únicamente tiene efectos contra la reserva de información pública, “le da la razón al instituto” y “es una señal alentadora que nos permite seguir trabajando para defender al ciudadano”, aseguró ayer en un encuentro con periodistas la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena.
Esa institución interpuso el viernes una controversia constitucional contra el acuerdo publicado el 22 de noviembre y el martes la Corte suspendió parcialmente la aplicación del mismo, con lo que se evitará que las instancias del gobierno federal clasifiquen de manera anticipada como reservada, por razones de seguridad nacional, la información pública sobre dichos proyectos.
El comisionado Francisco Javier Acuña consideró que la decisión de la Corte, que aún debe resolver el fondo de la controversia interpuesta por al INAI, es una saludable señal para la República.
Para la comisionada Josefina Román Vergara con la suspensión, “este decreto no será utilizado para la reserva de información por seguridad nacional o interés público, salvo que se lleve a cabo el procedimiento como lo establece la ley” respectiva.
La comisionada Norma Julieta del Río celebró la suspensión, pues, manifestó, evitará que a las instancias federales “les dé cosquillas” reservar la información con base en el acuerdo presidencial.
El comisionado Óscar Guerra subrayó que la decisión de la Corte no se debe manejar como que el INAI le ganó al Ejecutivo, pues este no es el objetivo de la controversia.
El comisionado Adrián Alcalá manifestó que en una democracia los mecanismos como las controversias constitucionales existen y están para ser utilizados, por lo que la interpuesta por el INAI “no significa una afrenta, sino simple y sencillamente hicimos valer lo que la Constitución establece”.
En tanto, los grupos parlamentarios del PAN y PRI en la Cámara de Diputados celebraron la decisión de la Corte.
Licitaciones, un tema básico
El coordinador del PRI, Rubén Moreira, sostuvo que si bien los ministros resolvieron sólo la parte de la transparencia, quedan aspectos que son torales, como la toma de decisiones fuera de las licitaciones, de los planes de infraestructura y sin contar con las autorizaciones de municipios o estados para realizar obra pública.
El coordinador panista, Jorge Romero Herrera, consideró que lo más viable para que la Cámara interponga un recurso contra el acuerdo sería la acción de inconstitucionalidad, y no la controversia constitucional.
“Estamos conscientes de que la controversia constitucional no será posible, porque es evidente que, muy probablemente el presidente de esta Cámara, como lo hizo la del Senado, no esté de acuerdo” en presentarla, recordó.
