Ciudad de México. Jorge Cuéllar Valdez, líder de los trabajadores de la extinta Ruta 100, calificó como “histórico” que los grupos parlamentarios representados en el Congreso local hayan aprobado por unanimidad exhortar a los gobiernos federal y local a atender el conflicto de la ex Ruta 100, dentro de los convenios que deberán cumplirse en el marco de la política económica para el periodo fiscal 2022.

La aprobación del “punto de acuerdo de urgente y obvia resolución” busca hacer justicia a los más de 12 mil ex trabajadores de la desaparecida empresa, a más de 26 años de que el último gobierno priista del entonces Distrito Federal, encabezado por el regente Óscar Espinosa Villarreal, “la quiebra técnica de la paraestatal que fue modelo y orgullo en América Latina, en materia de transporte urbano en una de las ciudades más grandes no sólo del continente, sino del mundo”.

Se espera que a partir de marzo del 2022, inicie en diversas escalas, la recuperación del 28 por ciento de las liquidaciones “que nos fueron robadas por los antiguos líderes fraudulentos Ricardo Barco López y Gabino Camacho Barrera, hoy prófugos de la justicia”, indicó Cuéllar Valdez.

El exhorto aprobado el pasado martes (14) considera establecer una mesa de diálogo y negociación entre la Secretaría de Gobierno, la Comisión Liquidadora del Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100, y los actuales representantes de las empresas de Grupo Metropolitano de Transporte (GMT), con intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y poner un interventor en las cajas administradoras de las sociedades mercantiles antes señaladas para la devolución a los 7 mil 12 inversionistas de la inversión del (30 por ciento) con sus respectivos rendimientos a la fecha, a todos y a cada uno de los aportantes a la creación de dichas empresas, apuntó.