Durante las investigaciones sobre la masacre de migrantes perpetrada en 2010 en San Fernando, Tamaulipas, la entonces Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de la Procuraduría General de la República (PGR) desvió su actuación para indagar a Ana Lorena Delgadillo, directora de Fundación para la Justicia; Mercedes Doretti, quien coordina los trabajos en México del Equipo Argentino de Antropología Forense, y Marcela Turati, periodista que siguió el caso, denunciaron organizaciones defensoras de las garantías fundamentales.
Con la participación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Quinto Elemento, entre otros, condenaron que al amparo de la ley para combatir el crimen organizado se espiaran las actividades de quienes participaban en la defensa de las víctimas, entre 2016 y 2017.
“Nos trataron como si fuéramos integrantes del crimen organizado”, censuró Delgadillo, quien detalló que la investigación en su contra surgió de una presunta inconformidad de uno de los familiares de las víctimas. Sin embargo, tras señalar que presentaron una denuncia en Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República para que se sancione a los responsables, dijo que conocieron de esta irregularidad al revisar el último tomo del expediente, que consiguieron tras años de solicitarlo, en el que se detallaban pormenores del seguimiento de su actividad.
Turatti expresó indignación contra la desviación de las pesquisas, porque se trata de un acto de censura que atenta contra el derecho a la información y representa un acto de acoso legal. Sostuvo que es una actuación en la lógica de cómo se “investigan” las desapariciones, donde la autoridad prefiere enterrar cadáveres a que se sepa la verdad.
En la demanda, las organizaciones condenan que por conducto de la entonces Seido, “la PGR desvió las indagatorias para beneficiar la impunidad y desproteger a las víctimas. También dejó de lado su deber de esclarecer los hechos e investigar a los perpetradores, y utilizó las herramientas destinadas a combatir la delincuencia organizada para violar la privacidad, la intimidad, la seguridad y las comunicaciones, y criminalizar a quienes desde distintos ámbitos buscamos la justicia, la verdad y el derecho a la información”.
Denunciaron que “de esta forma, la Seido equiparó el trabajo de Delgadillo, Turatti y Doretti con la delincuencia organizada y las colocó en condición de riesgo, al agregar toda la información anterior al expediente de la averiguación previa”.
Las afectadas consideran que en el fondo, más allá de que se castigue a quienes ordenaron esta irregular indagatoria, hay un sistema en la procuración de justicia malogrado que favorece la impunidad y atenta contra los derechos de los familiares de las víctimas.
