La pandemia se convirtió en un factor que incrementó los casos de abuso sexual y de explotación infantil registrados a través de las redes sociales. El confinamiento social obligado para enfrentar la enfermedad sobrexpuso a los menores a Internet, detonando más agresiones y, ante la falta de vigilancia, provocó mayores contenidos “autogenerados” mediante engaños e incluso aumentó los casos de monetización de videos de desnudos infantiles.

En el estudio, elaborado por la organización internacional We Protect Global Alliance a nivel mundial, detalla que los aumentos de casos se generaron de manera diferenciada en función de los controles que hay en cada país, pero en el caso de México y Centroamérica la pandemia provocó un crecimiento de 59 por ciento. Iain Drenman, director ejecutivo de la organización, cuestionó que las empresas que operan las redes sociales no eleven los controles para reducir el riesgo en niños y adolescentes.

Según la organización se conjugaron dos factores: la exposición en Internet ante el confinamiento para diversas actividades se incrementó sustancialmente, por lo que el uso que hicieron los menores se expandió de los fines de semana o las tardes al término de la actividad escolar a prácticamente todo el tiempo.

En paralelo, los adultos agresores han encontrado nuevas herramientas para el ocultamiento de su identidad en redes, incrementando con ello el acoso y captación de menores a quienes coaccionan para que realicen videos con desnudos, agravándose al detectarse, incluso, que en algunos casos se ha llegado a obtener dinero por la difusión.

Débil legislación global

Guillermo Galarza, integrante de la organización, alertó que la debilidad legislativa a nivel mundial favorece la incidencia de este delito y su impunidad. A nivel mundial son pocas las naciones que han endurecido las medidas para impedir la pornografía infantil en todos los planos: regulación de acceso a Internet, normas para las empresas y endurecimiento de la legislación para sancionar estas conductas.

La organización realizó un estudio que arrojó las diversas prácticas contra niños y adolescentes, detectando el impacto en varias formas en su salud mental. Sin embargo, alertó que un análisis más detallado en cada país seguramente arrojaría un escenario más aproximado de la realidad de este fenómeno en cada lugar.