Madrid. Las empresas energéticas en España son sinónimo de poder. Incluso algunos analistas aseguran que representan al “poder absoluto”, sin fisuras e implacable. Y se debe en gran medida a que desde que se inició el proceso de privatización, en un lejano 1988 y bajo la tutela del gobierno socialista de Felipe González, también se fueron incorporando a sus consejos de administración los mismos políticos que iban regulando un sector tan vital como próspero, al tener un volumen de negocio de más de 95 mil millones de euros (dos billones 280 mil millones de pesos) al año. Es lo que algunos expertos definen como el “círculo vicioso de la corrupción”, las “puertas giratorias”.

En plena crisis de los precios de la electricidad en España, que en los últimos 10 días han registrado hasta cinco récords históricos, el último de casi 300 euros el megavatio hora (MWh), 500 por ciento más que hace sólo tres años, también trascendió una noticia que soliviantó aún más a la opinión pública española. Un líder histórico del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y figura prominente del socialismo madrileño, Antonio Miguel Carmona, se convirtió de un día para otro en el vicepresidente de Iberdrola, la empresa energética hegemónica en el sector y a la que señalan como una de las principales responsables de la manipulación de los precios para aumentar sus beneficios.

El político socialista, de izquierdas, y que en las tertulias de los medios de comunicación, en las que era un participante habitual, arremetía con dureza contra las grandes multinacionales, sobre todo las del sector eléctrico, alegando que generaban lo que se definió como “pobreza energética”, finalmente se convirtió en empleado de Iberdrola con un sueldo anual de medio millón de euros (12 millones de pesos).

Pero el caso de Carmona no es aislado ni excepcional ni extraño en la connivencia histórica entre el poder empresarial del sector energético y la élite política española, incluidos los líderes del nacionalista hegemónico en el País Vasco y Cataluña. Los nombres son muchos y variados; por ejemplo, el actual consejero delegado de Repsol es Josu Jon Imaz, quien fue a su vez presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y ex consejero en el gobierno autonómico, responsable precisamente del área energética.

O el caso de Beatriz Corredor, ex ministra de Vivienda en España durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y que ahora se ha convertido en la presidenta de Red Eléctrica Española (REE), con un sueldo que también roza el medio millón de euros.

Están los casos de los ex ministros del derechista Partido Popular (PP), Ángel Acebes e Isabel García Tejerina, que al salir del gobierno se convirtieron en pocos meses en miembros del consejo de administración de Iberdrola, con salarios que superan los 300 mil euros anuales (7 millones de pesos).

Los políticos con poder, con peso específico en las decisiones cruciales en el sector energético de las últimas décadas, casi siempre han aterrizado en algunas de las principales empresas del sector energética, sobre todo en Iberdrola, Endesa, Naturgy, Acciona, Enagas y Repsol, sobre todo.

Ahí están o han recibido sueldo, de una forma u otra –ya sea como consejeros, asesores o miembros del grupo ejecutivo– algunos de los políticos españoles que más poder han tenido en los últimos años: los ex presidentes Felipe González, José María Aznar y Leopoldo Calvo Sotelo; los ex ministros Miguel Boyer, Pedro Solbes, Elena Salgado, Rodrigo Rato, Luis de Guindos, Jordi Sevilla, Luis Atienza, Ana Palacio, José Montilla, Rodolfo Martín Villa, Marcelino Oreja y los hermanos Álvaro y Alberto Nadal, que diseñaron la política energética en el gobierno de Mariano Rajoy, la cual rige actualmente en el país.

El académico español Juan Santaló explicó a La Jornada que “cuando uno lee las implicaciones de cómo el gobierno planea atajar el déficit de tarifa en el sector eléctrico no puede evitar la tentación de asociar el resultado de la reforma con la notoria presencia de ex políticos en las principales empresas eléctricas españolas. Más concretamente, uno se puede preguntar si la presencia de pesos pesados de la política en los consejos de administración de las eléctricas, puede haber tenido alguna repercusión para que se diseñe la reforma del sector eléctrico de manera que el coste repercuta principalmente en los consumidores”.

A pesar de que se ha intentado regular por ley el fenómeno de las “puertas giratorias”, al final, los salarios millonarios y la enorme influencia que tienen estas empresas se han impuesto a los intentos de controlar este “círculo vicioso de la corrupción”, como lo definió el catedrático de derecho administrativo Leopoldo Tolivar, quien explica que es una práctica que se extiende a otros sectores, pero que se da de forma flagrante en el sector energético, por su poder y su volumen de negocio, en el que la política se ha convertido desde hace décadas en el trampolín para ingresar a la empresa privada.

Recula el gobierno de la “confiscación” de beneficios

La última estrategia del actual gobierno español, del socialista Pedro Sánchez, para limitar los beneficios de las empresas eléctricas en plena escalada de los precios está a punto de naufragar, sólo tres semanas después de su anuncio con bombo y platillo. Así lo explicó la vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Ribera, quien reconoció que en el gobierno están meditando seriamente retroceder en lo que se denominó la “confiscación” de los beneficios extraordinarios.

Esta marcha atrás del gobierno español, que intentó justificar en una supuesta estrategia europeaglobal y coordinada, se debe sobre todo a dos cuestiones: el anunció de las empresas energéticas de la paralización de las inversiones a corto y mediano plazos, lo que provocaría una crisis energética. Y, segundo, a la ofensiva judicial y política contra el gobierno, en gran medida diseñada y ejecutada precisamente por esos ex políticos de las “puertas giratorias” que en su día generaron y redactaron la norma y que ahora la interpretan en defensa de las empresas desde el otro lado de la barrera.

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