Dos de los seis wixaritari desaparecidos el 22 de septiembre, cuando se trasladaban de Zacatecas a Jalisco, fueron hallados muertos a balazos y colgados de un árbol el lunes anterior en el municipio zacatecano de Monte Escobedo. Entre miércoles y jueves los reconocieron sus familiares y autoridades que cotejaron sus huellas dactilares.
Una pariente de los indígenas afirmó en entrevista que las víctimas son Misael de la Cruz y Fabián Carrillo, mientras continúan ausentes Mario Bautista, Jenson Jiménez, al igual que los menores Luis Eduardo de la Torre y Heiby Jonathan Carrillo, ambos de 16 años. Todos trabajaban como jornaleros agrícolas en Calera.
“Viven aquí en Calera (Zacatecas), y el 22 de septiembre iban en una camioneta a Nueva Colonia (municipio de Mezquitic, Jalisco) a visitar a sus familias. No supimos qué pasó ni dónde los agarraron, nomás ya no respondieron”, expuso la mujer, quien pidió anonimato por temor a la inseguridad que prevalece en los límites entre ambos estados.
El tercer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Aldo Reynoso, dio a conocer que se emitieron medidas cautelares para exigir a las autoridades de la entidad que participen en la búsqueda de los desaparecidos.
Recordó que de marzo a la fecha, debido a la violencia en comunidades wixaritari, la CEDHJ ha emitido al menos tres exhortos para que los gobiernos jalisciense y federal pongan en marcha estrategias que garanticen el libre tránsito y la seguridad en el norte del estado y el sur zacatecano.
El fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, dijo ayer haberse coordinado con la fiscalía de Zacatecas para participar en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, aunque no informó avances ni se refirió al doble asesinato.
En este contexto, el Congreso de San Luis Potosí exhortó al Poder Ejecutivo y a otras autoridades de Jalisco a generar mecanismos de comunicación con familiares de Alan Michel Martínez, Jorge Rodríguez, Israel Andrade y Calep Adonaí Maldonado, jóvenes potosinos cuyo paradero se ignora desde el 26 de julio, cuando se dirigían a trabajar al municipio jalisciense de Tonalá.
El punto de acuerdo, que la legislatura local aprobó por unanimidad, fue presentado por el diputado de Morena Cuauhtli Fernando Badillo, quien solicitó iniciar una mesa de trabajo interinstitucional con parientes de personas ausentes, en su calidad de víctimas indirectas, para atender propuestas concretas de trabajo a fin de avanzar en las investigaciones.
