Legisladores de Morena en el Congreso capitalino presentaron una iniciativa que homologa las penas por el delito de tortura cometido por servidores públicos de la Ciudad de México y particulares a las que establece la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de tres a 12 años de cárcel que señala el Código Penal local vigente a una sanción de 10 a 20 años.
La iniciativa incluye como agravantes que incrementan la sanción en hasta una mitad cuando las víctimas sean menores o adolescentes, mujeres gestantes, personas con discapacidad, adultas mayores, pertenecientes a comunidades indígenas o afrodescendientes o que ejerzan el periodismo o el activismo en favor de los derechos humanos, entre otras, y aporta elementos para facilitar a los jueces la individualización de las penas.
El proyecto de dictamen, elaborado por el diputado Temístocles Villanueva, al cual se adhirieron varios de sus compañeros, reforma en su totalidad el capítulo del Código Penal para el delito de tortura, con el fin de ajustar el tipo penal a lo previsto en la citada legislación general y en tratados internacionales de los que México forma parte.
La pena que prevé se apliquen a particulares que cometan el delito de tortura con apoyo de una persona servidora pública o tengan cualquier grado de autoría es de seis a 12 años y plantea también atenuantes para quienes colaboren con la autoridad con información relevante y de convicción que permita esclarecer hechos e identificar a otros responsables y penas de tres a seis años a quienes tengan conocimiento de un hecho y se abstenga de denunciarlo inmediatamente.
Acción imprescriptible
“No debemos olvidar que la tortura es una práctica que dada su naturaleza, es considerada una de las violaciones de derechos humanos más graves, pues atenta directamente contra la dignidad humana de las personas y vulnera su integridad física, sicológica y moral”, señaló al presentar al pleno la iniciativa.
Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptó ya el criterio de considerar imprescriptible la acción penal para los delitos de tortura y tratos crueles y degradantes cometidos en el pasado. Y desde 2017, al aprobarse en el Congreso federal la citada Ley General, se mandató a los congresos y gobiernos de las entidades y de la Ciudad de México a armonizar su marco jurídico e institucional a la misma.
Sostuvo, sin embargo, que la actualización del marco normativo no puede ser la única vía para atender el grave clima de la violencia, inseguridad, impunidad y violaciones de derechos humanos que aún persisten en el país y la ciudad, por lo que llamó a que los tres órdenes de gobierno avancen en la construcción de alternativas legislativas y de política pública enfocadas a la prevención y atención de las causas que llevan a que continúe la tortura como práctica reiterada, brindar justicia a las víctimas y asegurar su no repetición.
