A medida que la crisis climática se intensifica, también lo hace la violencia contra defensores de la tierra y del medio ambiente. Entre los sectores identificados en los que se han registrado más ataques están el forestal, del agua y represas, así como minería e industria extractivas, señaló la organización no gubernamental Global Witness.
A ellos se suman la agroindustria, e sustitución de cultivos ilegales, reforma agraria y caza ilegal.
Mariana Comandulli, oficial de campañas de Global Witness, presentó el informe anual de la organización internacional. Refirió que en 2020 se registraron 227 asesinatos de ambientalistas, y una vez más América Latina “se consagró” con el mayor número de homicidios, ya que 72 por ciento del total fueron cometidos en la región.
Como lo adelantó La Jornada en su edición del 13 de septiembre, el año pasado en México ocurrieron 30 asesinatos de estos activistas, con lo cual es el segundo país en el mundo con más crímenes de este tipo, después de Colombia, donde se reportaron 65.
Detrás de México se encuentra Filipinas con 29 casos, Brasil con 20 y Honduras con 17. Comandulli destacó que a pesar del Acuerdo de Escazú, “que la región conquistó recientemente como una nueva herramienta para luchar por los derechos de los defensoras de la tierra y del medioambiente, los números que tenemos en América Latina son alarmantes”, ya que la región concentra siete de los primeros 10 países con más homicidios.
Otras agresiones
Acerca de lo que sucede en territorio mexicano, Luz Coral Hernández, abogada e investigadora de Centro Mexicano de Derecho Ambiental, destacó que de acuerdo con los datos que esta asociación ha documentado, en 2020 se registraron 65 ataques, la agresión más recurrente fue el asesinato (30 casos), seguida de las amenazas, criminalización, intimidación y estigmatización.
Indicó que 40 por ciento de los ataques fue perpetrado por agentes del Estado. Respecto del sector con mayor número de agresiones, destacó que en primer lugar se encuentra el forestal, lo relacionado con defensa de bosques y territorios, seguido del de la construcción en vías de comunicación.
En relación con Colombia, Lourdes Castro, del Programa Somos Defensores, indicó que el incremento de asesinatos de activistas se da en un contexto más amplio “de deterioro general de la situación de derechos humanos en el país, elevándose de manera considerable el número de masacres, de desplazamientos forzados, de confinamiento de población, de reclutamiento forzado”, lo que contrasta “con el debilitamiento de los órganos de control e investigación”.
