Hacer frente a la pandemia de Covid-19 requirió un entendimiento amplio del marco jurídico en los ámbitos de la salud, economía y prestaciones sociales “como nunca se había hecho”, lo que permitió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atender a 60 mil personas no derechohabientes, otorgar créditos sin condiciones a 200 mil empresas que no despidieron trabajadores, así como hacer evaluaciones ágiles de 242 mil incapacidades por Covid y determinar si califican como riesgo de trabajo, entre otras acciones, afirmó el director del organismo, Zoé Robledo.
El funcionario participó ayer en un conversatorio con presidentes de Colegios de Profesores y directores de Seminario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde afirmó que durante la emergencia sanitaria el IMSS no le quedó a deber a la población, porque “hicimos todo, lo máximo posible por salvar el mayor número de vidas” frente a un virus desconocido.
Al contrario, se buscaron alternativas para evitar riesgos de contagios a los derechohabientes, como fue el convenio con hospitales privados, a donde se envió a las embarazadas que darían a luz, así como a pacientes con necesidad de cirugías de apéndice y vesícula, entre otros.
Reconoció, sin embargo, que al inicio hizo falta saber y advertir a las personas que se contagiaban de la importancia de acudir cuanto antes a los hospitales y no esperar a tener complicaciones graves de la infección. Los enfermos pasaban ocho días en sus domicilios. “Seguro se habrían obtenido mejores resultados (menos mortalidad), pero había temor” de ir a las unidades médicas.
Eso es una parte, la otra tiene que ver con la elevada prevalencia de enfermedades crónicas en el país, las cuales aumentan el riesgo de cuadros graves y muertes por Covid-19. También influyeron “las desigualdades brutales” en las condiciones de vida de la población, destacó el funcionario.
