En las últimas semanas, la política migratoria implementada en el sur de México ha producido dolorosas escenas que evidencian una pauta agudizada de violación de los derechos humanos contra los inmigrantes en la frontera centroamericana del país.
La situación en Tapachula y municipios aledaños es trágica. Miles de haitianos esperan una respuesta a su solicitud de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). En lo que va del año se tiene registro de 18 mil 883 solicitudes de asilo de personas de origen haitiano, cifra que la ha convertido en la segunda comunidad más numerosa en pedir protección. Las omisiones y demoras de esta instancia para emitir respuesta a las solicitudes, retrasan considerablemente el tránsito y profundizan las condiciones de vulnerabilidad de los inmigrantes, quienes se ven forzados a permanecer en campamentos improvisados sin acceso a empleo, vivienda, agua, alimentación y salud; adicionalmente –recordémoslo– en un contexto de pandemia.
Alimentadas por la comprensible frustración y urgencia por continuar su tránsito, se han producido ya cuatro intentos de caravanas migrantes, todas las cuales han sido interceptadas violentamente por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN), quienes cometieron graves agresiones físicas, efectuaron detenciones de manera indiscriminada, separaron familias e incluso realizaron cateos en hoteles en los que se produjeron detenciones de personas de origen haitiano y centroamericano que ni siquiera formaban parte de las caravanas. Encerrados en celdas sobresaturadas y en hacinamiento, los detenidos esperan ser deportados hacia Guatemala, sin poder ejercer su derecho a una defensa adecuada.
Sobre estos hechos, además, la información pública es escasa; no se ha reportado con transparencia cuántas detenciones se han efectuado, cuántas personas han sido deportadas, ni cuál es el destino específico de los autobuses que las llevan.
Aun en este contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su tercer Informe que “no se han violado los derechos humanos de migrantes”, asegurando que los sucesos a los que nos hemos referido eran sólo una excepción. Incluso, en una de las recientes conferencias mañaneras atribuyó propósitos humanitarios a las redadas contra las caravanas, justificándolas como una medida para evitar riesgos mayores en su posterior tránsito. Sin embargo, en contraste con las palabras del Presidente, lo que las imágenes evidencian es la operación de una estrategia de Estado para cerrar la frontera sur impidiendo el tránsito de los migrantes sin poner límites al uso de la fuerza en los operativos, al punto de llevar a cabo en numerosas ocasiones la práctica de separar a menores de edad de sus progenitores.
Esta situación, ciertamente, no es nueva. Desde el pasado sexenio se pactó un sinfín de políticas bilaterales entre los gobiernos de México y Estados Unidos para impedir el tránsito de migrantes cuyo tinte ha sido crecientemente prohibicionista, sin importar la impronta ideológica de los gobiernos en turno, pues tanto en Estados Unidos como en México, aunque se han alternado los partidos políticos en el poder, lo cierto es que, sean republicanos o demócratas allá, o del PRI o de Morena acá, la política migratoria no ha sufrido modificaciones cualitativas y sólo se ha recrudecido.
Así, policía, Ejército, Guardia Nacional y agentes del INM han incurrido en estrategias cada vez más duras de contención y detención, que en muchos casos se materializan en violaciones graves de derechos fundamentales. El pasado marzo, Human Rights Watch publicó el informe México: Abusos contra solicitantes de asilo en la frontera con Estados Unidos, donde se señala que al menos 30 mil migrantes que fueron regresados a México desde Estados Unidos durante los últimos dos años han sido víctimas de abusos por parte de la policía mexicana e integrantes del crimen organizado.
En el entorno de los últimos sucesos, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) detalló que, entre enero y julio de 2021, el gobierno mexicano ha realizado 20 mil 186 detenciones de migrantes, entre cero y 17 años (40 por ciento mujeres y el resto hombres), lo que representa un aumento de 210.2 por ciento respecto del mismo periodo de 2020. Redim ha hecho un llamado urgente para crear un mecanismo trasnacional de protección integral para niños y adolescentes migrantes, particularmente por los casos de menores de edad no acompañados o separados de sus progenitores o tutores con motivo de los operativos.
La realidad es patente y motiva indignación. La tendencia de la política migratoria, tanto en México como en Estados Unidos, apela cada vez más a medidas drásticas, de corte prohibicionista e incluso militarista que se instrumentan con creciente violencia y sin casi dejar espacio al respeto de los derechos humanos de los migrantes.
La complejidad de la relación bilateral con Estados Unidos, acentuada sin duda por el actual contexto de pandemia en el que se encuentra la humanidad, debieran ser ocasión para revisar y rediseñar la aproximación de ambos gobiernos y de la comunidad internacional en su conjunto sobre la problemática global de la migración; a partir del reconocimiento de la corresponsabilidad de todos los actores, pero también de la aceptación de las cargas históricas diferenciadas de unos y otros en las diversas causas que le dan origen.
Eso, la protección de los migrantes en todo el mundo, el respeto de los derechos humanos y no el recurso a la violencia, es lo que se esperaría de gobernantes que, como quienes hoy encabezan el Poder Ejecutivo tanto en Estados Unidos como en México, han expresado recurrentemente en sus discursos su raigambre cristiana y su compromiso con los más altos valores humanistas.
