El Instituto Nacional Electoral (INE) ha impuesto una multa de 4.5 millones de pesos a Morena por la red ilegal de financiamiento político y electoral que se montó en Texcoco a partir de descuentos a trabajadores municipales, cuando la profesora Delfina Gómez ocupaba la presidencia de ese lugar y luego, cuando era candidata a diputada federal (la decisión del INE estará sujeta a eventuales resoluciones del tribunal electoral federal).

El 5 de mayo de 2017 se había abordado el caso en esta columna: “Iría contra la intención original de lo que es el partido Morena que se pretendiera disminuir la gravedad de lo que hasta ahora se ha documentado: el descuento de un porcentaje del sueldo de trabajadores de ese municipio mexiquense, supuestamente por su voluntad, para destinarse al Grupo de Acción Política, cuyo jefe es Higinio Martínez, y, luego, el manejo irregular del fondo de ahorro de esos mismos empleados (...) en estricto sentido, las evidencias hasta ahora disponibles muestran irregularidades en el manejo de las cuentas durante el tiempo en que la profesora Delfina ocupó la presidencia e Higinio Martínez colocaba familiares y allegados en puestos clave de control de la operación municipal” (https://bit.ly/3yU8xsL)/

A pesar de todo, el Grupo Texcoco ha tenido un avance impresionante: la profesora Delfina fue candidata a gobernar el estado de México, pero su muy probable triunfo fue abatido por la mapachería del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el aparato presidencial de Enrique Peña Nieto, primo de Alfredo del Mazo, el pésimo gobernante que podría ser el último de la batería de pésimos gobernantes que sobre todo en las pasadas décadas ha tenido esa entidad.

Delfina Gómez es ahora titular de la Secretaría de Educación Pública, sin que a la fecha se noten ahí grandes brillos. Pareciera estar de paso, en espera de ser candidata de Morena a la gubernatura del estado de México. Otro personaje del grupo, Horacio Duarte, es director de Aduanas y también aspira a esa postulación.

Como puede verse, de poco sirven las tardías y reducidas sanciones económicas por irregularidades o delitos electorales que permiten a los autores llegar a importantes cargos de poder. Hay una frase de jugoso cinismo que reza: lo que en política se puede resolver con dinero, siempre será barato.

El ente de las cuatro mentiras (autodenominado Partido Verde Ecologista de México) es un ejemplo depurado de ese desembolso táctico de miles o millones de pesos, por multas, para alcanzar puestos que luego permitirán recuperar con creces lo invertido. El Verde infringe de manera sistemática las reglas electorales para conseguir cargos de representación popular o puestos de gobierno, a sabiendas de que llegarán multas, reconvenciones o protestas que sólo enmarcarán el carácter sumamente ganancioso de sus maniobras.

Otro ejemplo corre por cuenta de Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, quien presumió con anticipación que el tribunal electoral federal estaría por denegar la multa por decenas de millones de pesos que el INE le había impuesto por las aportaciones a su campaña electoral que le hizo su esposa, empresaria dedicada a propaganda en redes sociales.

Por otra parte, en Tamaulipas la pelea más fuerte por la próxima candidatura a gobernador se da al interior de Morena, no del PAN, que está en franco declive (como consecuencia de la mala gestión de Francisco García Cabeza de Vaca), ni del PRI (que carece de cartas viables).

Por Morena se menciona principalmente al senador Américo Villarreal (hijo del ex gobernador priísta del mismo nombre); a Maki Ortiz Domínguez, presidenta municipal de Reynosa, de historial panista pero expulsada por haber apoyado a su hijo, Carlos Víctor Peña Ortiz, para sustituirla a nombre de Morena; Rodolfo González Valderrama, monrealista que ocupa la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, y José Ramón Gómez Leal, el superdelegado del gobierno federal. ¡Hasta mañana!

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