Ciudad de México. La violencia hacia las mujeres se incrementó 24 por ciento en el país durante la emergencia sanitaria por Covid-19, siendo niñas y adolescentes las víctimas en 81.6 por ciento de los casos, alertó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández.

Destacó que se tiene un aumento en la violencia hacia las mujeres en general, pero quienes enfrentan mayor riesgo son aquellas que viven en áreas urbanas, en una proporción del 69 por ciento, y jóvenes de entre los 25 y 34 años de edad.

“Sesenta y seis de cada 100 mujeres de más de 15 años han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de su vida y el 44 por ciento de ellas ha sufrido violación por parte de la pareja actual o de la última a lo largo de su relación”, argumentó.

En el “Congreso Internacional Derechos Humanos de las Mujeres” precisó que a la fecha se han declarado 25 alertas de violencia de género en el país y hay avances en términos de igualdad, pero en la parte legal aún no se ve reflejada la situación de violencia que sufren.

Los avances normativos en materia de derechos de las mujeres, no han sido iguales en todos los estados de la República, por lo que todavía existe desigualdad en el acceso a la justicia y en los programas gubernamentales, afirmó.

De acuerdo con datos de la Plataforma México rumbo a la Igualdad del Instituto Nacional de las Mujeres y ONU-Mujeres, el 28 por ciento de las entidades no han alineado su marco normativo a los estándares que establece la Constitución federal.

Así como a las Convenciones Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

En cuanto a los programas de igualdad sólo 59 por ciento de los estados han logrado un avance adecuado en igualdad entre mujeres y hombres, pero 78 por ciento de las entidades aún no permite ubicar los recursos a programas para marchar en ese sentido.

Hoy, puntualizó, el gran reto es “no retroceder en los derechos de niñas, adolescentes y mujeres”, ante una “perpetuación de la violencia”, a partir de los procesos de impunidad y la repetición de ciertas prácticas y patrones culturales