Dos golpes seguidos le propinó la Suprema Corte de Estados Unidos al gobierno demócrata del presidente Biden y, de paso, a la comunidad mexicana en ambos lados de la frontera.
El primero fue la decisión de terminar con la moratoria que Biden había decretado para proteger a quienes alquilan una vivienda, en respuesta a la crisis económica que propició la pandemia. Posponer el pago de rentas hasta octubre le daba un respiro a los arrendatarios –cuya mayoría pertenece al sector de bajos ingresos, muchos de ellos migrantes de origen mexicano– y la posibilidad de resarcir su deteriorada economía. Los ministros conservadores de la Corte no quisieron verlo así y en su decisión prevaleció el criterio de proteger a los propietarios de inmuebles y a las agencias de bienes raíces que los administran. No hay que hilar muy delgado para entender que un buen número de quienes rentan esas viviendas en unos días tendrán que dormir en la calle.
En su segunda decisión, la Corte negó a Biden continuar con la política que permite a quienes solicitan asilo político esperar en territorio estadunidense y avaló la del gobierno de Trump, que estableció la espera en territorio mexicano. El gobierno de Biden ordenó agilizar los juicios mediante los que se definirá la situación migratoria de decenas de quienes han solicitado asilo, en apoyo de su propuesta. No estaría del todo equivocado pensar que la Corte suscribió las tesis de quienes se oponen a cualquier tipo de migración.
Es notorio que ambas decisiones de la Suprema Corte se emitieron fuera de su calendario regular y se consideraron “urgentes”, entre otras razones, por la presión que ejercieron los legisladores más conservadores en el Congreso. No sería extraño que la Corte emitiera un fallo fuera de su agenda contra la orden que Biden dio para que los trabajadores federales usen el cubrebocas de manera obligatoria. Con ello, apoyaría la negativa de los gobernadores ultraconservadores de Florida y Texas con el fin de revertir la orden de Biden en esos y en otros estados.
De seguir esta dinámica, la agenda del presidente estará sujeta ya no sólo a la aquiescencia de los congresistas más conservadores, sino, por lo visto, a la indulgencia de la mayoría conservadora de la Suprema Corte, donde la imparcialidad de la justicia es una mera entelequia.
