Los organismos internacionales han sido cruciales para confrontar el “pacto de impunidad” enraizado en la estructura del Poder Judicial y en las fiscalías en torno a la búsqueda de personas desaparecidas, donde muchas veces se detienen las investigaciones de estos casos.
Desde 2016, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ha ordenado 450 acciones urgentes de localización al Estado mexicano, pero sólo recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido la obligación de instrumentarlas.
Con esa percepción, el director de Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Idheas), Juan Carlos Gutiérrez, está convencido de la existencia de esa realidad y la necesidad de recurrir en muchos casos a instancias internacionales y romper así el entrampamiento persistente en la búsqueda de desaparecidos en México.
“Idheas utiliza el sistema internacional como una alternativa para visibilizar, denunciar y lograr un procesamiento de casos. Cuando el Estado mexicano se da cuenta de que estamos empezando a recurrir a Naciones Unidas, esto molesta mucho a la cancillería porque México ha tenido una imagen impoluta en la ONU.”
En ese empeño –añade Gutiérrez– se han recorrido diversas rutas para obligar al Estado a responder a la demanda social en torno a los desaparecidos: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos procesos son muy lentos y donde un caso puede dilatar 15 años, así como el Comité para las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, con capacidad para hacer recomendaciones y disponer las “acciones urgentes” como medidas humanitarias de búsqueda.
Esta última instancia incide en asuntos individuales, pero los estados deben admitir su competencia. “Las familias de desaparecidos insistieron mucho en que México aceptara la competencia de casos específicos y así lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador el 30 de agosto del año pasado”.
Sin embargo, la gestión de una visita oficial del Comité de la ONU, en principio admitida por el país, aún no se ha concretado.
En el sexenio pasado el gobierno federal estuvo cerrado. “No había posibilidades de negociación”. En contraste, en esta administración “se ha mejorado mucho, ya hay una Dirección de Asuntos Internacionales en la Secretaría de Gobernación” para procesar respuestas.
“Pero en lo que no ha habido avances es en la investigación; ese pacto de impunidad se ha mantenido, no ha sido posible romperlo. Es una deficiencia estructural del Poder Judicial y también de las fiscalías. A pesar de las sentencias internacionales es imposible”, lamenta el funcionario de Idheas.
Las respuestas de los jueces y fiscalías con respecto a las “acciones urgentes” han sido diversas, pero casi todas se han decantado por negar la obligatoriedad de instrumentarlas. La reciente resolución de la SCJN relacionada con el caso “Víctor Álvarez” deberá modificar ese criterio porque coinciden en ámbitos jurisdiccionales y de derechos humanos.
“La importancia de esta decisión es el reconocimiento de que ‘no hay duda de que las acciones urgentes son parte del tratado’ de la Convención contra las Desapariciones” y el Estado mexicano no puede cuestionar a la SCJN porque ya ratificó el instrumento, concluye Gutiérrez.
