Aunque las estimaciones varían sobre el número de afectados por la perniciosa “legalización” calderonista del outsourcing (entre 5 y 8 millones de trabajadores), el hecho concreto es que comienzan a dar fruto las modificaciones a la ley laboral (que echaron para atrás la contrarreforma de 2012, cortesía de Borolas) promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el senador Napoleón Gómez Urrutia.

Las dos iniciativas de reforma que sobre el particular presentaron el dirigente obrero (octubre de 2019) y el mandatario mexicano (noviembre de 2020) enfrentaron todo tipo de bloqueos, retrasos y zancadillas de la cúpula empresarial y los enemigos que duermen en casa (ahí te hablan Ricardo Monreal), pero al final de cuentas llegaron a buen puerto y con ellas se canceló uno de los capítulos más vergonzosos (y miren que los tuvo a pasto) de Felipe Calderón, quien cínicamente se autodenominaba “presidente del empleo”.

Una muestra de lo anterior es aportada por el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, quien en entrevista con La Jornada (Alejandro Alegría) detalla que “en meses recientes más de la mitad de los trabajadores que se encontraban bajo el esquema de outsourcing han sido contratados directamente por las empresas para las que en realidad prestaban sus servicios, en movimientos que significaron un incremento promedio de 12 por ciento en sus salarios”.

Hasta la aprobación de la reforma legal que impide a las empresas subcontratar trabajadores para evadir obligaciones laborales y fiscales, trabajaban bajo ese esquema poco más de 5 millones de personas, de las que a la fecha 2.6 millones ya fueron contratadas directamente por las empresas, mencionó. “Sí las autoridades descubren que las firmas incurren en malas prácticas para evadir el pago de prestaciones sociales e impuestos o no reconocen sus relaciones laborales al pagar los tributos correspondientes, ‘ya valieron queso’”.

En octubre de 2019 la cúpula empresarial y sus representantes en el Congreso lograron congelar la iniciativa contra la subcontratación que presentó el senador Gómez Urrutia, y lo propio intentaron con la del presidente López Obrador. Hicieron cochinada y media para conservar el pútrido regalo de despedida que Felipe Calderón entregó a los patrones en septiembre de 2012 (la “legalización” del outsourcing), pero finalmente no pudieron contener el cambio a la ley, el cual no sólo protege a los trabajadores, sino que fortalece al fisco y a las instituciones de seguridad social.

En febrero pasado el procurador fiscal Romero Aranda detalló que “se pervirtió tanto el mercado del outsourcing que al final el negocio era quién robaba más al fisco; como referencia, de 4 mil empresas dedicadas a este negocio, sólo 40 cumplen con sus impuestos; las irregularidades en el pago de obligaciones vinculadas al trabajo alcanzan varios esquemas; la subcontratación no se limitó a un mecanismo para que las empresas redujeran costos, porque el abuso llegó al grado de que, además del subregistro salarial, a los trabajadores se les daba de alta frente al IMSS sólo un día del mes; las empresas que tienen su nómina en este esquema deberán iniciar el periodo de transición; es muy sencillo: línea de captura u orden de captura”.

Una vez aprobadas las modificaciones a la ley laboral, la cúpula empresarial y sus buenos muchachos (obvio es que al estilo de Goodfellas de Martin Scorsese) intentaron posponer la entrada en vigor de las nuevas disposiciones, pero también en esto fallaron. Sólo se les concedió un mes, para que el primer día de septiembre próximo “sean aplicados en su totalidad por las empresas los cambios legales que prohíben la subcontratación”.

En un análisis previo, Romero Aranda detalló que en México el outsourcing comenzó en 1960, “con la contratación de servicios básicos. Actualmente, resulta una cuestión preocupante que para efectos fiscales 40 por ciento del empleo formal en México labora bajo este esquema… Actualmente nuestro país enfrenta un agujero fiscal de alrededor de 250 mil millones de pesos en evasión de ISR e IVA. Además, un fraude al IMSS estimado en 21 mil millones”.

Las rebanadas del pastel

A no pocos integrantes del sistema político mexicano se les acusa de ladrones, no de pendejos. Sin embargo, queda claro que Ricardo Anaya reúne los dos requisitos.