Con 447 votos a favor de todas las bancadas, el pleno de la Cámara de Diputados le retiró el fuero al ahora ex legislador Benjamín Saúl Huerta Corona, y declaró que las autoridades competentes pueden proceder penalmente en su contra. Huerta llegó a San Lázaro bajo las siglas de Morena, y desde abril pasado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) lo acusa de abusar sexualmente de dos hombres, uno de ellos menor de edad.
El otro desafuero que debía procesarse ayer, el del diputado con licencia que enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito Mauricio Toledo, no pudo tramitarse debido a que un día antes el político solicitó la separación definitiva de su cargo. De acuerdo con un representante de la FGJ, desde el pasado 26 de julio el ex delegado de Coyoacán salió del país con rumbo a Chile, país de origen de sus padres, fuga que fue confirmada por el propio Toledo en su cuenta de Twitter.
El desafuero de Huerta es sin duda un hecho muy saludable, aunque exasperantemente tardío: una serie de maniobras impresentables en el Congreso retrasaron de manera dolorosa para las víctimas una votación que debió ser un trámite de rutina, habida cuenta de los elementos existentes para llevarlo ante la justicia. Esa misma lentitud facilitó a Toledo fugarse a un país en el que presumiblemente espera contar con apoyos que entorpezcan el procedimiento de extradición que deberá emprender la fiscalía capitalina para presentarlo ante un juez. El escape del ex perredista, que cínicamente intenta presentar la huida como un viaje por “compromisos contraídos con anterioridad”, extenderá su impunidad por un plazo que todavía se desconoce, pero sin duda robustece las sospechas de culpabilidad que pesan sobre él desde tiempo atrás y lastima la presunción de inocencia de la que goza, como cualquier otro ciudadano mexicano no juzgado.
En este sentido, debe recordarse que un juicio de procedencia como el celebrado ayer en San Lázaro no tiene como propósito establecer la culpabilidad o inocencia del imputado, sino únicamente permitir el curso de las acciones legales. Es de esperarse que los procesos contra ambos continúen hasta aplicar justicia e imponerles la sanción debida o declarar su inocencia con base en las pruebas que se presenten en un proceso legal conforme a derecho.
