Chihuahua, Chih., La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene dos causas penales contra integrantes de la comunidad rarámuri Bosques de San Elías Repechique, municipio de Bocoyna, por la construcción de un taller de costura para mujeres y niñas en un predio del bosque en el que habitan y que, aseguran, es parte de su territorio ancestral, cuya propiedad reclaman mestizos de la localidad y del pueblo turístico de Creel, en la Sierra Tarahumara.

Las organizaciones Alianza Sierra Madre y Consultoría Técnica Comunitaria, que acompañan la defensa jurídica de los pobladores, acusaron a la fiscalía estatal de utilizar el sistema para intimidar y criminalizar a los indígenas, quienes sólo realizan “la defensa legítima de sus tierras”.

Extraoficialmente se conoció de la existencia de las denuncias contra los gobernadores rarámuris de la comunidad, Nicolás Sánchez y Teresa González, una por robo agravado de madera –la cual se interpuso en 2018 y la Fiscalía la reactivó en mayo pasado –, y otra por despojo y robo. Ambas querellas fueron iniciadas por los supuestos propietarios del terreno, “amparados con títulos supuestamente otorgados por Porfirio Díaz”.

“No existen elementos jurídicos objetivos que configuren el delito de despojo, pues es necesario que quien denuncie tenga la posesión del predio y ninguno de los particulares lo tiene” indicaron los defensores del poblado.

Explicaron que en 2014 la localidad ganó una demanda contra la construcción del Aeropuerto en Creel y en la sentencia se reconocen sus derechos derivados de la posesión ancestral de las 11 mil 400 hectáreas.

Añadieron que en 2017 se integró por la comunidad y el gobierno del estado un fideicomiso para la realización de proyectos productivos de beneficio colectivo, por lo que los habitantes decidieron desarrollar el proyecto del taller, el cual empezó a edificarse en abril del 2020.

Un mes después que comenzaron los trabajos, gente que laboraba en la obra “fue hostigada por agentes de la fiscalía!”, quienes en aparatosos operativos llegaron al lugar con el argumento de que existía una denuncia por despojo, robo y daños al medio ambiente, iniciada por aquellos que aseguran ser dueños del predio.

“Es así que se conoció de la denuncia penal en contra de la compañera Teresa como la responsable del taller”, señalaron.

Posteriormente, en agosto de 2020, la policía implementó un “fuerte operativo” en las obras del centro de confección, las cuales fueron aseguradas, y se llevaron detenidas a 50 personas, entre ellas algunas de la tercera edad, niñas y niños. Mientras les trasladaban hacia las instalaciones del Ministerio Público se hizo público el arresto y “sin dar mayor explicación, al llegar les dijeron que las oficinas estaban cerradas y los liberaron”.

Fue a través de la promoción de un amparo presentado por el pueblo y otorgado por el juzgado de distrito el pasado diciembre, que dichas medidas de aseguramiento fueron retiradas en abril de este año.

Desde 2018, Bosques de San Elías Repechique interpuso un amparo en el que pide al gobierno federalel reconocimiento legal de sus tierras, así como la suspensión de los permisos de aprovechamiento forestal.

La comunidad sólo “defiende su derecho al reconocimiento del territorio ocupado pacíficamente por sus ancestros y las generaciones presentes. Solicitan el derecho al uso y disfrute de sus bienes naturales en consonancia con su cultura”, recalcó Judith García González, vocera de la Alianza Sierra Madre.