Ciudad Del Vaticano. El Vaticano abre hoy un juicio en torno a la oscura compra de un lujoso edificio en Londres y el entramado de empresas y fondos que dejaron un agujero en las finanzas, escándalo que afecta la imagen de la Iglesia católica.

En el banquillo de los acusados estará el destituido cardenal italiano Angelo Becciu, quien fue sustituto en la Secretaría de Estado del Vaticano entre 2011 y 2018, uno de los cargos más poderosos de la curia romana, y asesor muy cercano al papa Francisco.

El juicio va a determinar si el Vaticano fue defraudado por un grupo de empresarios, o si se trató más bien de un sistema de corrupción interna que involucra a importantes jerarcas de la Iglesia.

El proceso, que llevará varios meses, se celebrará en una sala especialmente preparada en los museos del Vaticano, con la presencia de un limitado grupo de periodistas.

La primera audiencia, prevista para hoy, será dedicada a cuestiones técnicas, basadas en la compleja acusación de 500 páginas, fruto de dos años de investigación.

Entre los 10 acusados, la mitad estaba al servicio del papa Francisco durante la controvertida compra –realizada en dos fases–, de un lujoso edificio de 17 mil metros cuadrados en el elegante distrito londinense de Chelsea, del cual el Papa argentino ha pedido desprenderse rápidamente.

La adquisición del inmueble, a un precio mayor de su valor real, fue realizada mediante paquetes financieros altamente especulativos, por conducto de dos empresarios italianos residentes en Londres.

Esa compra “generó pérdidas sustanciales a las finanzas del Vaticano e incluso se utilizaron recursos destinados a las obras de caridad personales del Papa”, reconoció el Vaticano.

Este caso es todo un reto para Jorge Mario Bergoglio, férreo crítico de la corrupción, quien ha denunciado sin cesar la especulación financiera mundial desde su elección hace ocho años.

El Vaticano publicó el sábado por primera vez el presupuesto anual de uno de sus departamentos clave, encargado de la gestión de propiedades e inversiones.

“Venimos de una cultura del secreto, pero hemos aprendido que en materia económica, la transparencia nos protege más”, aseguró el secretario de Economía del Vaticano, Juan Antonio Guerrero.

El entramado

Entre 2013-2014, la Secretaría de Estado del Vaticano pidió prestados 200 millones de dólares, la mayor parte al banco Credit Suisse, para invertir en el fondo luxemburgués del empresario italiano residente en Londres, Raffaele Mincione.

La mitad de la suma tenía como objetivo adquirir parte del edificio en Londres, y la otra parte sirvió para realizar inversiones bursátiles.

Raffaele Mincione invirtió el dinero de la Iglesia en “operaciones especulativas”, entre ellas la compra de bancos italianos con problemas financieros.

El Vaticano, que terminó por registrar pérdidas bursátiles, no tenía la capacidad para controlar tales inversiones, por lo que decidió, cuatro años más tarde, a finales de 2018, poner fin a esa alianza.

Para ello, eligió como nuevo intermediario a Gianluigi Torzi, quien negoció la salida de Mincione, indemnizándolo con 55 millones de dólares y modificando el acuerdo financiero para que el Vaticano finalmente se convirtiera en el único dueño del edificio.

Torzi, a su vez, tomó el control de la propiedad (a través de acciones con derecho a voto) y luego extorsionó a la Secretaría de Estado para obtener 15 millones de euros (casi 18 millones de dólares) por su salida, según el texto de la acusación del tribunal penal.

Los magistrados identificaron también a las dos figuras claves que ayudaron a Mincione y a Torzi a entrar en las redes del Vaticano a cambio de dinero.

Se trata de Enrico Crasso, conocido hombre de negocios de nacionalidad suiza, ex Credit Suisse, quien gestionó por décadas los dineros de la Secretaría de Estado.

El otro es Fabrizio Tirabassi, importante funcionario laico de la Secretaría de Estado, a cargo de las inversiones, quien recibía además comisiones de los bancos por su intervenciones y era considerado la mano derecha del cardenal Becciu.

El método Becciu

Como en todo escándalo, las revelaciones de un misterioso personaje femenino, apodado la Dama del Cardenal, ajena a la compra londinense, contribuyeron a incrementar las sospechas en torno al cardenal Becciu, destituido el 24 de septiembre de 2020 por el Papa debido a sospechas de malversaciones.

La mujer, de 40 años, quien aseguró que realizaba actividades de inteligencia por cuenta del Vaticano para liberar a religiosos secuestrados por el mundo, recibía jugosas remuneraciones, según el “método Becciu”, como lo tilda la prensa italiana.

La Dama del Cardenal, también enjuiciada, es Cecilia Marogna, a quien Becciu contrató en 2016 como consultora de seguridad. Los fiscales dicen que la mujer desvió 575 mil euros que Becciu asignó al pago del rescate de rehenes católicos. Documentos bancarios de una compañía eslovena suya indican que las transferencias del Vaticano fueron usadas para comprar artículos de lujo. Marogna sostiene que el dinero fue una compensación legítima por sus servicios y también cubrió gastos personales.

La gran interrogante ahora es si el caso salpicará a otras personalidades de la jerarquía de la Iglesia.

El Secretario de Estado y número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, anunció que la entidad más cercana al pontífice se presentará como parte civil en el juicio, ya que se siente víctima de ese entramado que dejó pérdidas considerables en las finanzas vaticanas.

Aún no se sabe si el purpurado deberá comparecer ante los jueces.