En días recientes se dio a conocer nueva información sobre el turbio uso del software de espionaje Pegasus, comprado por el gobierno de Enrique Peña Nieto a la firma israelí NSO por 32 millones de dólares. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reportó que para adquirir y operar ese programa se usó “una red de transferencias financieras por medio de empresas fachadas, que se extendieron a Israel, Italia y Estados Unidos”, y que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “gran negocio de las empresas y de los funcionarios” del periodo neoliberal. De acuerdo con Nieto Castillo, sólo durante las administraciones de Peña Nieto y Felipe Calderón se otorgaron contratos con sobreprecio que beneficiaron a NSO con 7 mil 96 y 5 mil 915 millones de pesos, respectivamente.
Ante estos datos, el mandatario anunció que se investigará la estructura de lavado de dinero presuntamente usada en la adquisición de Pegasus, lo cual es a todas luces necesario y positivo. Sin embargo, no puede soslayarse que el esquema de financiación fraudulenta es apenas una faceta del horror que ha significado el espionaje en los sexenios recientes. Otros aspectos turbios se encuentran, por ejemplo, en el hecho de que los contratos con NSO fueron firmados por Tomás Zerón de Lucio, a la sazón titular de la Agencia de Investigación Criminal y hoy prófugo en Israel, donde se oculta de la justicia mexicana para no comparecer por los cargos de secuestro, tortura y manipulación de evidencia en el curso de las investigaciones del caso Iguala, además de la malversación de mil millones de pesos.
Más allá del tema Pegasus –de cuyo mal uso por agencias gubernamentales se sabe desde 2017–, ya en 2013 La Jornada había presentado información obtenida por WikiLeaks en torno a la presencia en nuestro país de ejecutivos de las empresas Gamma Group y Hacking Team, dedicadas a vender servicios y productos de espionaje cibernético y telefónico. En marzo de ese mismo año, una investigación de The Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, reveló que en México operaban servidores con FinFisher, un software comercializado por Gamma Group, que permitía “intervenir y vigilar servidores, computadoras personales y teléfonos inteligentes”. Por la fecha de la investigación, se infiere que el programa de espionaje operó durante el sexenio de Calderón Hinojosa, cuando Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por su participación en el narcotráfico, era el todopoderoso secretario de Seguridad Pública.
Para colmo, hoy por hoy no existe claridad acerca de los alcances reales del fisgoneo ilegal ni del destino final de estos instrumentos de infiltración. Preocupan, en especial, las dudas sobre si se encuentran efectivamente inactivos o si todavía hay alguna dependencia operándolos, así como las señales de que gobiernos estatales han recurrido a los descritos u otros programas informáticos para interferir en comunicaciones privadas, como habría ocurrido en la Ciudad de México en la anterior administración local, a la que se investiga por espiar a casi 120 políticos, académicos y funcionarios públicos a lo largo de cinco años.
En suma, durante un largo periodo sujetos vinculados a la delincuencia tuvieron a su disposición sistemas de alta tecnología de espionaje masivo, y hasta la fecha no se han dilucidado las implicaciones de este ominoso fenómeno para la seguridad de los ciudadanos. Por ello, la investigación anunciada por el titular del Ejecutivo debe ser lo suficientemente amplia para esclarecer lo que a todas luces constituye un agravio colectivo que afectó a un número desconocido de personas e incluso pudo haber costado vidas.
