Una de las cuestiones vitales en nuestro México es la de abrir nuevos caminos para resolver la crisis del agua que ha causado graves sufrimientos al pueblo por su escasez, mientras unos pocos millonarios la acaparan; al igual que su contaminación en los ríos, lagos, acuíferos y mares de los que depende nuestra salud y vida. El papa Francisco en su Encíclica Laudato Sí aclaró: “en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado (…) en realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas y, por tanto, es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos” (No. 30). Carlos Salinas de Gortari impuso la Ley de Aguas Nacionales (LAN), aún vigente, al gusto de Bush y de una hidrocracia formada por poderosas trasnacionales.
Esta ley ha causado que la crisis del agua se agudice, hasta instalarse por causa de la pandemia, la sequía, y la resistencia de funcionarios de Conagua contra los compromisos presidenciales (la salida de Constellation Brands y el plan de justicia para el pueblo yaqui). Ante esto, desde 1994 se ha alzado el movimiento social por el agua, comenzando con las comunidades que lucharon contra el despojo en La Parota, Guerrero, y más adelante en Arcediano, Jalisco. En 2001 inició el movimiento contra la privatización en Saltillo y partir de 2005 se generalizó y estableció vínculos solidarios.
Después de 20 años de sufrir la opresiva ley, en febrero de 2012 fue reformado el artículo 4 de la Constitución, para incluir en nuestra Carta Magna el derecho humano al agua, lo cual fue respondido al mes siguiente con la convocatoria al Congreso de Ciudadanos y Sustentabilidad del Agua, realizado en diciembre de 2012 en la Rectoría General de la UAM, precedido por nueve precongresos temáticos.
Los principales acuerdos fueron redactar una iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas y articular el movimiento mediante una Coordinadora Nacional “Agua para Todos Agua para la Vida” (https://wp.me/p4qCoh-2T3). En aras de diseñar nuevos caminos en el marco legal del agua, la iniciativa incorpora consensos para un cambio de modelo, logrados desde 2013 en cientos de foros realizados en el país. Su corazón son las propuestas de instancias de gestión hídrica democrática, así como diversos instrumentos de gestión y defensa del agua. Aborda cuestiones cruciales, como el régimen de concesiones y el respeto a los pueblos originarios, ejidos y comunidades, así como el cuidado de la naturaleza y el logro de una nueva economía sustentable del agua.
Las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) y la pastoral social han participado en el movimiento nacional por el agua, caminado junto con vecinos urbanos, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, campesinos, pueblos originarios, organizaciones cívicas, sindicatos y aliados internacionales, en la difusión y acompañamiento de las luchas, y en la campaña de firmas, avalando la iniciativa ciudadana de la LGA, desde Valle de Chalco, San Cristóbal de las Casas, Xalapa, Monterrey, Ciudad de México, Mexicali, Torreón, Gómez Palacio y San Luis Potosí. Y a escala nacional, en el XX Encuentro Nacional de las CEB, realizado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, entre el 23 y el 27 de julio de 2018, donde se acordó apoyar a Agua para Todos y a la iniciativa de la LGA, lo que se reiteró al año siguiente en la Asamblea Nacional de Animadores de las Comunidades Eclesiales de Base, en Tepic, Nayarit, el 6 y 7 de febrero. Las CEB aportaron decenas de miles de las casi 200 mil firmas entregadas al Congreso de la Unión el 4 de febrero de 2020.
El obstáculo al cambio lo constituyen poderosos personeros de la LXIV Legislatura ligados a la hidrocracia, quienes se niegan a dictaminar la ley, aun después de haberse logrado un proyecto de Ley de Aguas, consensuado a partir de la construcción de acuerdos entre la iniciativa de la LGA y miembros de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado, el grupo parlamentario sobre Medio Ambiente de Morena, y el grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados, quienes, con el apoyo de Pronaces Agua, solicitado por los dos presidentes de Comisiones Unidas, lograron dicho proyecto.
Como ha sucedido desde 2013, dándole la espalda a la sed, la enfermedad, la producción sustentable y el derecho humano al agua, el Poder Legislativo ha omitido la emisión de la Ley General de Aguas. La aprobación de la LGA sería, en cambio, un parteaguas histórico, ya que sentaría las bases para superar la crisis del agua.
Exigimos por ello un periodo extraordinario de sesiones, para que la Legislatura cumpla ante los ciudadanos y frente a la propia Constitución con su responsabilidad. La voluntad mostrada en resolver la crisis del agua será un indicador vital para saber si la 4T se ocupa de las demandas sociales más apremiantes. O no.
