En la población migrante hay una sobrerrepresentación de trastornos mentales relacionados con el estrés, la ansiedad, la depresión y el uso de sustancias dañinas, aseveró Claudina Cayetano, asesora regional de salud mental para la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En el conversatorio Impacto del Covid-19 en el derecho a la salud mental de migrantes y refugiados, destacó que los padecimientos de este tipo en América Latina son muy comunes y la carga de enfermedad es mayor que en otros países. Indicó que en promedio cerca de 2 por ciento del gasto público de los países de la región se dirige a la atención de los trastornos mentales.

Detalló que 60 por ciento de esos recursos se destina a hospitales siquiátricos, aunque en algunos casos llega a 80 por ciento. Lo anterior, enfatizó, “no lo vemos para ninguna otra enfermedad, no vemos que hay un hospital dedicado a la diabetes o la hipertensión, y que la gente se quede ahí por cinco o siete años, eso solamente lo vemos en salud mental”.

De igual manera, Cayetano resaltó la falta de trabajadores especializados para atender estos padecimientos. En la región, dijo, en promedio hay 10 por cada 100 mil habitantes. “Esto es muy precario”.

La asesora de la OPS también alertó que con la pandemia los servicios de salud mental han sido de los más afectados.

Por su parte, Julissa Mantilla Falcón, relatora sobre los derechos de las personas migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que, con la pandemia, la discriminación y xenofobia se enfatizaron. Las desigualdades que enfrenta esta población “se incrementaron”.

La xenofobia, que a traviesa todos nuestros países, aumenta en el caso concreto de las personas migrantes, e incluso en algunos países se empieza a determinar que no reciban equipo de protección contra Covid-19, como mascarillas, porque no son nacionales, afirmó.