Consultar a los pueblos indígenas y a las personas con discapacidad sobre cómo quieren ejercer su derecho a la educación y en qué condiciones “no sólo es una obligación del Estado, sino una condición imprescindible si queremos acabar con la discriminación y marginación que aún enfrentan en el sistema educativo”, afirmaron profesores de educación especial e indígena y organizaciones civiles de defensa de personas con discapacidad.
Lo anterior, tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inválidos 11 artículos de la Ley General de Educación (LGE) relacionados con educación indígena e incluyente, pues no se realizaron las debidas consultas para su elaboración, por lo que estableció un plazo de 18 meses, una vez notificado el Congreso, para que lleve a cabo las consultas, que no estarán limitadas a los artículos derogados, y emitir una regulación dentro de ese lapso.
Isaías Jaime, profesor de telesecundaria, con más de 30 años de experiencia docente en comunidades indígenas, afirmó que es importante la consulta porque las políticas educativas y los planes y programas de estudios “siempre se hacen desde un escritorio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), lejos de la realidad y el sentir de quienes viven en el campo, de los que hablan una lengua o tienen una discapacidad, son los invisibles de siempre, los que no aparecen en los libros de texto gratuitos”.
Organizaciones civiles de derechos de personas con discapacidad y de educación especial también llamaron a no caer en una “consulta simulada” y abrir un auténtico debate nacional.
El hecho de que se agregaran diversos artículos sobre educación incluyente en la LGE, sin antes haber consultado a las organizaciones de personas con discapacidad para conocer su opinión, deja ver el “claro desinterés” que al menos las últimas dos administraciones federales han tenido con respecto a este tema.
Así lo denunció Guillermo Hernández, secretario técnico de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Coamex), quien llamó a aprovechar el plazo de año y medio que hoy tiene el Congreso para cubrir de manera efectiva dicha omisión y no hacer una consulta “simulada”.
Itzel Hermida Carrillo, del Colectivo Educación Especial Hoy, destacó que es la primera ocasión en que un fallo de la SCJN “ordena replantear contenidos de una reforma educativa, pues anula los capítulos VI de educación indígena (artículos 56, 57 y 58) y VIII referente a la educación inclusiva (artículos 62 al 68)”.
Consideró que es una decisión acertada porque no hubo ninguna consulta y puede ser una oportunidad para construir una normativa, dentro de la LGE, que “realmente responda a las necesidades de estos sectores de la población, que más que vulnerables son vulnerados constantemente en su derecho a la educación”.
Ante el fallo de la SCJN a la acción de inconstitucionalidad 121/2019 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Hernández señaló que “responde a la falta de interés del gobierno actual y el anterior para tener un intercambio de ideas con la sociedad y con los propios sujetos de derechos” a los cuales supuestamente quiso reconocer en la LGE, lamentó el activista.
Al respecto, Víctor Santos, profesor de educación especial e invidente, alertó sobre la necesidad de garantizar que “no se haga una consulta simulada, que sólo acabe por avalar determinadas visiones de la educación inclusiva, y que se abra realmente no sólo a los colectivos, sino a las personas que viven con discapacidad y a todas las comunidades indígenas”.
Pedro Hernández, profesor y secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México, recordó que los maestros de educación indígena “han tenido por años el reclamo de incluir la consulta a los pueblos originarios, pero se ha legislado fuera de estos marcos y acuerdos internacionales, e incluso se ha incumplido con la LGE de garantizar que todo niño y adolescente sea formado en su lengua materna”.
