Chihuahua, Chih., Organizaciones civiles de derechos humanos en la sierra Tarahumara advirtieron de un incremento de la violencia contra ejidos y comunidades indígenas por actividades de tala ilegal, y exigieron una mesa de trabajo en la que participen laFiscalía General de la República, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el gobierno del estado, con enfoque en seguridad y derechos humanos para atender el problema forestal.
En una audiencia pública con la participación de Semarnat, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional Forestal, Profepa y autoridades estatales, nueve colectivos encabezados por Consultoría Técnica Comunitaria AC emplazaron a que haya coordinación efectiva, para la prevención, combate y reparación del daño por las actividades de tala clandestina en la zona serrana.
Advirtieron que la devastación de los bosques tiene origen en el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas, los homicidios y la impunidad relacionada a la presencia del crimen organizado.
Exigieron que instancias federales, Policía Estatal y Fiscalía General del Estado convoquen a reuniones mensuales con la sociedad civil y comunidades indígenas, pues la población que se opone a la tala y los defensores del bosque enfrentan riesgos y no existe un protocolo para la atención de los delitos forestales.
Urgieron a respetar los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación y al territorio, al momento de otorgar los permisos para el aprovechamiento del bosque, así como en la implementación de proyectos de desarrollo forestal, pues la política medioambiental no tiene mecanismos de consulta.
Añadieron como demandas que las corporaciones federales de seguridad consideren prioritario el ataque a la tala ilegal, actualizar los mapas de uso de suelo de la zona serrana para conocer el grado de avance de la deforestación, además de combatir las actividades de transporte y comercio de la madera ilegal.
“El problema de violencia tiene ya carácter estructural, por la criminalidad ambiental que está a la vista de todos, además de aprovechamientos legales pero desenfrenados por una legislación laxa, y es conocido que Chihuahua destaca por el número de asesinatos de defensores ambientales”, expuso Horacio Almanza Alcalde, representante de las organizaciones civiles.
