Río De Janeiro., Tres senadores brasileños presentaron ayer una demanda ante la corte suprema para que se investigue si el presidente neofascista Jair Bolsonaro cometió el delito de “prevaricación” al no denunciar sospechas de corrupción en la compra de la vacuna contra el Covid-19 Covaxin.
Entre los tres legisladores figura Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la Comisión Parlamentaria (CPI) que indaga presuntas omisiones del gobierno en la lucha contra la pandemia que ya dejó más de medio millón de muertos en Brasil.
“He registrado una demanda ante el Supremo Tribunal Federal debido a una grave denuncia de que el presidente de la República no tomó ninguna medida tras haber sido informado de un gigantesco esquema de corrupción existente en el Ministerio de Salud”, afirmó Rodrigues en un video.
Esa denuncia tiene el potencial de provocar la destitución de Bolsonaro (si es aprobada por la Fiscalía y votada en la Cámara de Diputados), aunque los analistas estiman poco probable que el fiscal general, Augusto Aras, visto como un aliado de Bolsonaro, acepte formular cargos contra el mandatario.
Entre las sospechas que saltaron a la luz la semana pasada figura la sobrefacturación de la vacuna india Covaxin, del laboratorio Bharat Biotech, por la cual se firmó un contrato a precios más elevados que por cualquier otro inmunizante de los adquiridos hasta ahora por Brasil.
La factura de 45 millones de dólares, por 3 millones de dosis, aterrizó el 18 de marzo en el escritorio de Luis Ricardo Miranda, jefe de importaciones médicas del Ministerio de Salud, quien transmitió sus dudas a su hermano, el diputado bolsonarista Luis Miranda.
Los hermanos Miranda afirmaron ante la CPI el pasado viernes que Bolsonaro los recibió el 20 de marzo en su residencia en Brasilia y les aseguró que comunicaría esas sospechas a la Policía Federal, algo que aparentemente nunca hizo.
El presidente habría dicho a los hermanos Miranda, según el testimonio de éstos, que el presunto operador de ese esquema podría ser el diputado Ricardo Barros, líder de la bancada progubernamental.
Bolsonaro negó ayer cualquier irregularidad y ante sus simpatizantes aseguró: “no tengo cómo saber lo que ocurre en los ministerios. Confío en mis ministros y no hemos hecho nada errado”.
El mandatario, en fuerte caída de popularidad, es blanco de una avalancha de críticas y pedidos de destitución por haber minimizado la importancia de la pandemia.
Desde la llegada de la enfermedad a Brasil criticó las medidas de aislamiento social y el uso de cubrebocas, dudó de la eficacia de las vacunas y promovió medicamentos sin eficacia comprobada contra el Covid-19.
Más de un centenar de demandas de destitución mediante un juicio político (impeachment) se acumulan además en la Cámara de Diputados, sin que hasta ahora su presidente, Arthur Lira, aliado de Bolsonaro, haya dado señales de autorizar alguno de ellos.
Pero Lira es aliado circunstancial, como líder de un grupo de partidos conservadores, denominados el Centrao (gran centro), caracterizados por negociar apoyo a cambio de partidas presupuestarias y cargos oficiales.
Y ese apoyo, según analistas, puede cambiar si las próximas encuestas confirman que Bolsonaro sería derrotado por el ex presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva en los comicios de octubre de 2022.
“Lula se ha vuelto muy fuerte, la última encuesta le da casi 50 por ciento de intención de voto. Y el campo de la derecha y el centro-derecha que hoy está con Bolsonaro empieza a actuar de modo más pragmático y tal vez entienda que es mejor apostar por un candidato más competitivo, con más posibilidades de derrotar a Lula”, declaró a la agencia de noticias Afp el especialista en derecho público Michael Mohallem.
