Durante los comicios del 6 de junio pasado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) violó abiertamente la veda electoral, al contratar a los llamados influencers, así como a personajes del mundo del espectáculo, con el fin de difundir mensajes favorables a ese instituto político en sus redes sociales.

Horas después, el Instituto Nacional Electoral (INE) obligó a eliminar esas publicaciones y eventualmente anunció una serie de multas y sanciones, tanto para los personajes involucrados como para el partido político.

Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Uno de los participantes en la contienda para elegir a diputados locales y federales, presidentes municipales y 15 gobernadores, había obtenido una ventaja indebida al transmitir propaganda en un periodo en el que estaba prohibido hacerlo.

No se trata de una falta aislada. Como se detalló en este diario, la contratación de alrededor de 80 personas “influyentes”, es sólo el más reciente episodio de una estrategia que el Partido Verde ha repetido en las últimas tres campañas de medio sexenio: explotar resquicios legales para lanzar desplegados propagandísticas de alto impacto, hacer un intenso cabildeo ante el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a fin de reducir al mínimo las multas derivadas de sus conductas fraudulentas, y usar los recursos obtenidos gracias a sus resultados en la votación para pagar las sanciones que no haya podido evadir.

El descaro en la burla a las leyes ha hecho a los Verdes el ejemplo más acabado de esta estrategia en la que la manipulación de la democracia se reduce a un cálculo de costo-beneficio, pero en mayor o menor medida todos los institutos políticos incurren en prácticas prohibidas, a sabiendas de que podrán solventar las consecuencias mediante las millonarias asignaciones presupuestarias que recibirán en función de número de votos captados.

Este patrón revela que los desproporcionados recursos entregados a los partidos –7 mil 226 millones de pesos este año– y su vinculación con el número de sufragios constituyen incentivos perversos para la defraudación, pues hacen que en los hechos las faltas se vean recompensadas en lugar de castigadas.

El círculo vicioso de defraudación y multas únicamente podrá terminarse cuando los delitos perpetrados por los partidos políticos y sus representantes conlleven sanciones más allá de lo financiero, las autoridades electorales sean inmunes al cabildeo partidista y los ciudadanos den la espalda a quienes recurran a prácticas fraudulentas que enturbian la liza democrática.