La sentencia de la corte de distrito de La Haya del pasado 26 de mayo ordena a la compañía anglo-holandesa de energía Shell que actúe para reducir, en el periodo hasta 2030, sus emisiones netas de carbono en 45 por ciento con respecto a los registros de 2019. “El grupo Shell”, dijo la jueza responsable, “debe poner de su parte para contener la amenaza del cambio climático”.
La demanda fue interpuesta por la organización Milieudefensie, la versión holandesa de Amigos de la Tierra. El argumento de base en este caso fue que los productos de Shell provocan cada año emisiones del orden de mil 600 millones de toneladas de dióxido de carbono, asociado con el llamado “efecto invernadero”, equivalentes a 3 por ciento de las emisiones en el mundo y nueve veces más que toda Holanda.
El asunto ya había sido planteado por la propia Shell, que preveía disminuir las emisiones generadas por sus productos en 6 por ciento para 2023, 20 por ciento para 2030, 45 para 2035 y por completo en 2050 (con base en los niveles registrados en 2016).
La sentencia establece un precedente relevante para el control del calentamiento del planeta, cuya referencia política es actualmente el Acuerdo de París firmado en diciembre de 2015 en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Shell argumentó que el problema en cuestión no debe tratarse en los tribunales pues, siendo una cuestión global, requiere de un amplio esquema de inversiones, la transformación tecnológica en la industria energética, la adecuación de toda una enorme serie de productos y servicios relacionados, así como la modificación de los patrones de consumo de la población.
Antes ya, una corte holandesa ordenó al gobierno de ese país acelerar las rebajas en las emisiones de carbono para 2020 hasta 25 por ciento respecto al nivel de 1990; la primera decisión de ese tipo en Europa. Es interesante apreciar el entorno de las iniciativas y las inevitables resistencias políticas y económicas con respecto al tema general del medio ambiente y en especial al impacto sobre el clima.
En esa sentencia se hacía explícito que las causas y consecuencias del cambio climático no pueden limitarse a un solo país, pero que: “el Estado no debe esconderse detrás del argumento de que la solución a este problema global no depende sólo de los esfuerzos holandeses”. Al respecto, hay otros argumentos que se exponen en diversos países que eluden las exigencias y disposiciones en el campo energético para contrarrestar el calentamiento global.
En estos asuntos quienes participan en el debate sobre el clima son los gobiernos, los organismos internacionales, las grandes empresas del sector de la energía y organizaciones relacionadas con el activismo por el medio ambiente. No son claras aún las formas en que las sociedades, con toda su diversidad y estructuras desiguales participarán de modo amplio en esta cuestión y los mecanismos que tendrán disponibles para contar con la información adecuada y expresarse al respecto.
Las grandes empresas que explotan el carbón, el petróleo y el gas operan con criterios de distinta índole, pero claramente la rentabilidad es uno de crucial importancia. En el caso de las empresas que son públicas, es decir, que cotizan en los mercados de valores, podría ser que la postura de segmentos de los accionistas presionase para que haya un vuelco en las estrategias medioambientales. No necesariamente ocurre lo mismo con las empresas estatales en la que esas decisiones, con significativos efectos económicos, ocurren con base en criterios políticos, en un sector por naturaleza claramente politizado alrededor del mundo.
Esto representa un conjunto de fricciones en cuanto a la consecución de los objetivos de afectar de modo positivo al cambio climático. Las decisiones son de largo plazo pues el viraje productivo que esto representa es complejo y abarca un amplio conjunto de actividades, mercados e intereses.
Se trata efectivamente de una cuestión global, pero el alineamiento de los intereses privados y estatales es conflictivo. Piénsese en la producción de energías bajas en carbono: electricidad –incluyendo la recarga de vehículos eléctricos–, el uso de hidrógeno, las energías renovables o los biocombustibles. Los patrones de ajuste de una mayor demanda con una mayor producción es el quid de la cuestión. Las medidas para conseguirlo abarcan una gran variedad de acciones del orden privado y público. La energía es un bien de consumo masivo.
Lo que se consigna es una tendencia hacia la mayor presión de los inversionistas para un ajuste ecológico de las empresas del sector de la energía, una creciente acción regulatoria de los gobiernos, el incremento de la conciencia social sobre las emisiones de gases y el efecto invernadero. Los intereses en disputa son muy grandes. Habrá que ver cómo se irá forjando la dinámica en el mercado, en las políticas gubernamentales y entre los movimientos ciudadanos. El objetivo que se ha fijado ahora es contener el promedio de la temperatura en la Tierra por debajo de 2 por ciento.
