Para renovar la planta académica, y dado que las opciones de retiro que tiene la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) no cubren las expectativas para que el personal decida jubilarse, en 2018 la rectoría general lanzó un programa con el que se entregarían 25 mil pesos mensuales como pensión vitalicia adicional a 50 profesores que cubrieron ciertos requisitos. Sin embargo, “lo que pareció una jubilación digna resultó un engaño”, al modificarse ahora el acuerdo a un único pago de un millón 250 mil pesos, señalaron académicas afectadas, quienes ya alistan una demanda laboral.

En entrevista con La Jornada, Alicia Castellanos, profesora-investigadora jubilada de la UAM Iztapalapa, en la que laboró por 39 años, y Vida Valero, académica jubilada de la UAM Azcapotzalco, con 41 años de trabajo, destacaron que para la mayoría de los docentes adheridos al Programa Temporal de Renovación del Personal Académico éste representaba una oportunidad y por eso la tomaron.

Expusieron que sin las becas, estímulos como el del Sistema Nacional de Investigadores, antigüedad, entre otros, los recursos recibidos al jubilarse se reducen en más de 50 por ciento, “entonces con lo que otorga el Issste y estos 25 mil pesos consideramos que ya podíamos vivir más o menos bien”.

No obstante, ahora, con la modificación del programa, “se nos deja en la indefensión, violando derechos humanos que tienen que ver con salud y con trabajo”, destacaron.

Las académicas recordaron que fue el 5 de abril cuando, a través de una videollamada, les informaron a los beneficiarios sobre los “ajustes”. Lo único que les ofrecieron fue darles en una sola exhibición un millón 250 mil pesos –equivalente a lo de cinco años–, adicional a las 21 mensualidades de 25 mil pesos ya entregadas, y la tarifa preferencial del seguro de gastos médicos mayores.

La UAM ha argumentado que le es imposible sostener en sus términos originales el programa debido a la falta de recursos propios, a no contar con una institución financiera que se hiciera cargo de los pagos y por las restricciones legales que entraron en vigor, como la Ley Federal de Remuneraciones, que prohíbe concederlas por jubilación, y la Ley Federal de Austeridad Republicana, “que impide la contratación con recursos públicos de cualquier tipo de pensiones y regímenes especiales de retiro no previstas en la ley o el contrato colectivo de trabajo”.

Al respecto, Castellanos expresó: “nosotros sentimos como si hubiera sido una trampa, porque se nos ofrece un programa con carácter vitalicio, renunciamos y a los dos años se cancela de manera arbitraria sin oportunidad incluso de debatir, de hacer otras propuestas, sin una búsqueda de soluciones, de alternativas si es que supuestamente la universidad no tiene recursos”.

En este sentido, junto con Valero coincidió en que el programa que el mismo rector Eduardo Peñalosa propuso “lo está cancelando de manera arbitraria y unilateral”. Ante este panorama, indicaron que 19 profesores decidieron demandar, y algunos más, “por enfermedad o porque no quieren o no pueden seguir un pleito largo, han decido firmar y aceptar esa cantidad”.

Castellanos destacó que esta situación ha preocupado a la comunidad, pues “¿cómo va a haber la posibilidad de confiar en las autoridades?, es realmente una cuestión que también expresa una gran insensibilidad a un grupo de profesores, muchos fundadores”.